La Guardia Civil, con la colaboración de la Generalitat Valenciana, ha investigado a trece personas en las provincias de Alicante y Valencia que se dedicaban a comerciar con medicamentos veterinarios. A todos ellos, según su grado de participación, se les han imputado los delitos de falsedad documental, grupo criminal y contra la salud pública.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de abril de 2022, cuando la Guardia Civil, a través del Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante, tuvo conocimiento que un establecimiento dedicado y especializado en alimentación de animales de la provincia de Alicante que no estaba autorizado para la venta de medicamentos veterinarios, estaba realizando dispensas sin ningún tipo de control.
A raíz de estas anomalías y con la finalidad de esclarecer los hechos investigados, el Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Alicante dio inicio a la operación Henus.
Una vez analizada toda la documentación, los agentes identificaron el modus operandi empleado por un comercio detallista autorizado para la comercialización de medicamentos veterinarios de la comarca valenciana de la Huerta Sur, siendo este el conocido como “receta inversa”.
¿Qué es el método de la receta inversa?
Este método, consiste en la compra y venta del medicamento veterinario sujeto a prescripción veterinaria, mediante la presentación de una receta veterinaria no expedida a consecuencia de un acto clínico previo sino por petición de los clientes. Con dicha práctica aumentaban el número de ventas y por lo tanto las ganancias económicas. La empresa investigada contaba con un veterinario que realizaba la prescripción de las recetas sin el reconocimiento físico del animal, desconociendo por lo tanto el estado sanitario del mismo.
Todo este entramado suponía un peligro tanto en los animales, como en algunos de los casos, en los posibles consumidores finales de la carne de estos animales, ya que también se encontraban animales destinados al consumo humano.
El cabecilla de la trama, era el responsable y el comercial del establecimiento detallista, contaba con la colaboración de un veterinario de confianza, que por medio de códigos falsos o inexistentes de explotaciones del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) realizaba la correspondiente receta veterinaria, así como de una licenciada en farmacia, la cual omitía las funciones de control que legalmente tenía asignadas.
Según avanzaban las investigaciones, se realizó un registro en la empresa investigada, además de una veintena de inspecciones a otros comercios vinculados a ésta, todos ellos ubicados en las provincias de Alicante y Valencia, estando dedicados a la venta de alimentación para animales, explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos.
Durante los días 1 y 16 de febrero, se procedió a la explotación de la operación, siendo investigados el gerente de la empresa, el veterinario y la farmacéutica, además de 10 responsables de pequeños comercios. A todos ellos, 11 hombres y 2 mujeres de entre los 43 y 72 años de edad, según su grado de participación, se les han imputado los delitos de falsedad documental, grupo criminal y contra la salud pública.
Del registro y de las inspecciones, se ha intervenido 2.850 recetas veterinarias, 200 dosis de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción veterinaria preparados para su distribución y gran cantidad de documentación que todavía se sigue analizando.
Esta operación ha sido desarrollada dentro de la estrecha cooperación que mantienen el Ministerio del Interior y la Generalitat Valenciana, para lo cual los agentes han contado con la colaboración del Área de Inspección de Farmacia de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y con la Sección de Producción y Sanidad Animal de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, además del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia y del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante.
