La situación en Cataluña sigue latente, la Policía sigue cuestionada por aquellos que pretenden imponer un estado de excepción ante la negativa del Gobierno en funciones a hacer su trabajo y defender la Constitución, la insurgencia CDR sigue cortando carreteras, los derechos fundamentales de los ciudadanos siguen siendo cercenados por grupos que en ocasiones están formados por varias decenas de radicales. No tantos como para necesitar una intervención militar.
No es el mundo al revés aunque lo parezca, nadie se habría creído hace diez años que esto estaría ocurriendo en este momento y nadie sabe lo que puede ocurrir dentro de diez años si no se permite trabajar a la Policía o en este caso a la Guardia Civil, para restituir la normalidad. Una normalidad que el Gobierno se ha demostrado incapaz de sostener.
Muchos decidimos no formar parte de las Unidades de Intervención porque preferimos la autonomía de trabajar en un radiopatrulla, cuando trabajas en la calle tus decisiones las tienes que justificar ante el Juez y no ante tu superior jerárquico. Tus decisiones se fundamentan en el principio de legalidad y no el de oportunidad, de modo que un jefazo puesto a dedo no puede ejercer reproche alguno por hacer lo correcto, aunque sea políticamente inadecuado. A veces no elegimos un servicio de orden público, porque tu autonomía es mayor, para acabar haciendo lo correcto y no lo que conviene, lo legal y no lo oportuno, para defender la ley y no a la autoridad.
Miembros de Una Policía para el Siglo XXI estuvimos la semana pasada en el Parlamento Europeo invitados por el Grupo Europeo de Conservadores y Reformistas, del que VOX forma parte, nuestra asistencia no habría sido posible sin la invitación de la Eurodiputada Mazaly Aguilar, asistimos a un seminario sobre seguridad impartido por representantes del Ministerio de Interior de Polonia y estuvimos acompañados de una asociación de funcionarios de prisiones, se trataba de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar, ellos están en el mismo barco que nosotros y también nos protegen frente a las amenazas. No reclamaban algo descabellado, solo seguridad jurídica, la necesaria para poder hacer su trabajo con garantías, podríamos afirmar que se encuentran en la misma situación de precariedad que la Policía Nacional en los años 80, una situación de humillación por parte de Interior, que los considera trabajadores públicos pero que los trata como si fueran de tercera división.
Piden lo que cualquier trabajador de la seguridad pública (y también privada) necesita para ejercer su trabajo, carácter de agente de la autoridad. No ya para ejercer la fuerza sobre nadie, sino para volver a casa íntegros sin ser agredidos por aquellos a los que tienen que custodiar (y proteger) para que el resto podamos dormir tranquilos.
El caso es que en materia de uso de la fuerza, no solo en España, si no a nivel europeo, estamos en el siglo XIX y algunos países de América Latina nos sacan ventaja. Todavía se difunde como válida la creencia de Max Weber, sociólogo alemán del siglo XIX, de que “el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia”. Y todavía lo creen algunos políticos, incluso los que apoyan a las fuerzas de seguridad. Hay mucha ignorancia y es demasiado fácil comprar frases fáciles como esa.
Grave error. La violencia nunca se ejerce de manera legítima y el único monopolio de la violencia lo tienen los violentos, ya sean terroristas del DAESH, de ETA o insurgentes separatistas de los CDR. Decir que la violencia es legítima y es monopolio del Estado, pone al mismo nivel a los violentos que a los policías, a diferencia de que los primeros salen a la calle voluntariamente a ejercerla y otros salen a la calle a trabajar pero no por libre elección, ya que por libre elección estarían en casa con su familia.
Hablemos de la fuerza. En Polonia tienen claro que a los funcionarios de prisiones hay que dotarlos con el carácter de agente de la autoridad, hay que darles entrenamiento para ejercer el uso de la fuerza si es necesario y hay que proporcionarles los medios materiales que necesiten para tal fin. Han llegado al extremo de darles instrucción militar y armas de fuego, algo impensable en España a día de hoy. Los polacos están más seguros que antes, la reincidencia criminal se ha reducido en un 30 % y ser delincuente en Polonia tiene mayores costes que beneficios porque el Estado protege a sus empleados.
Todo esto de la política está muy bien cuando tienes que enfrentarte a “los malos” y el Gobierno te apoya, pero vamos a lo técnico y dejemos lo político. El trabajo policial es universal como el de otros trabajadores públicos, el mismo trabajo que desempeña un policía en Brasil, lo desempeña un policía en Noruega, un Canadiense o un Francés. Cambian los problemas a que se enfrenta y cambian los medios pero no los fines, que en todo caso es dar seguridad física, proteger la ley para que haya seguridad jurídica y que en última instancia exista un clima de seguridad subjetiva o de confianza.
La seguridad jurídica es técnica y no política. Un policía que patrulla las calles y da un servicio de seguridad ciudadana, uno que hace investigaciones y presta un servicio de policía judicial, uno que trabaja en las unidades de intervención y presta servicio de orden público; todos ellos necesitan herramientas jurídicas para el uso de la fuerza y que el uso de la fuerza no tenga que ser interpretado por el funcionario y arriesgarse a ser condenado por hacer su trabajo ante la diferente interpretación de un juez. Lo mismo aplica para los funcionarios de prisiones y para los vigilantes de seguridad.
Cuando se habla de medios, todos piensan en defensas extensibles, pistolas eléctricas, chalecos antibalas, guantes anticorte y más policías en las calles, pero en Una Policía para el Siglo XXI pensamos que antes de los medios físicos de contención, hacen falta unas ROE o “rules of engagement” en el argot militar. Se trata de reglas de enfrentamiento que el policía conoce, ha entrenado y aplica cuando procede, justificándolo ante un juez y no ante los oficinistas de un ministerio. En el caso de los Guardias Civiles GRS y Mossos d’Esquadra de la Brigada Móvil, tienen sus mandos naturales, sus herramientas, su entrenamiento y sus medios materiales. No necesitan a un burócrata elegido por un partido político a decirles que omitan su obligación de perseguir delitos y que omitan su obligación de proteger el derecho a la libre circulación que protege nuestra Constitución, los políticos pasan, las instituciones permanecen. Son esos mandos naturales de las unidades de intervención quienes han de tomar la decisión de intervenir, seguir su criterio y aplicar una fórmula entrenada lo menos lesiva posible, que permita justificar ante un juez que se han seguido los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, que exige el uso de la fuerza sin injerencia política de ninguna clase.
En Una Policía para el Siglo XXI estamos trabajando en una iniciativa para un protocolo del uso proporcionado de la fuerza a nivel europeo, lo presentaremos ante la Oficina de la Comisión Europea instando a que sea regulado de una vez por todas en los diferentes escenarios de seguridad, tanto de seguridad ciudadana, como de orden público, prisiones y seguridad privada. Tenemos a los mejores expertos trabajando en ello. Si nuestra iniciativa sale adelante, tanto el Gobierno de España como otros gobiernos europeos, dejarán de tener su “monopolio de la violencia legítima” del siglo XIX, dejarán de decidir cuándo la Policía protege a la Autoridad y cuando protege a la Ley, de la misma manera que no le dicen a una enfermera dónde tiene que poner una inyección y a un maestro cómo tiene que dirigir un aula.
