La intervención de una patrulla de la Policía Nacional en el barrio de Lavapiés durante la mañana del 29 de marzo, que tuvo su origen en una pelea entre cuatro personas y que derivó en una agresión a los agentes -motivo por el que dos ciudadanos fueron detenidos por atentado, siéndole intervenida droga a uno de ellos- ha desatado una intolerable cacería en redes sociales contra uno de los policías que ha incluido amenazas contra su integridad física y todo tipo de injurias y calumnias.
Desde la Confederación Española de Policía –CEP– indicaban que este señalamiento y persecución deben ser perseguidos con firmeza por el Ministerio del Interior cuanto antes, incluso acudiendo a los tribunales frente a determinados irresponsables y exaltados que, amparados en asociaciones o colectivos, e incluso en las siglas de una formación política, están agitando mensajes en los que se acusa a todo el colectivo policial de este país de actuaciones gravísimas, muchas de ellas delictivas.
A esta escandalosa politización de la actuación policial se sumó una concentración celebrada ayer tarde en ese mismo barrio, con asistencia de unas 350 personas, en la que se lanzó un gravísimo discurso, plagado de injurias y calumnias y que situaba a todos los policías nacionales en el terreno de comportamientos delictivos. En este sentido desde la CEP indican que “se llegó a vincularnos a un “racismo estructural”; se calificó el trabajo de nuestro Cuerpo como “violencia policial cotidiana y sistemática (…), creciente y desmedida” y “asedio e hipervigilancia policial”; se habló de “falsas denuncias de atentado contra agente de la autoridad”; se definieron los despliegues policiales como actuaciones orientadas por “lógicas y dispositivos racistas”; y se calificó a España de “Estado racista y colonial”.
Precisamente por ello, desde esta organización sindical hacen un llamamiento al Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que estuvo muy ágil en sus redes sociales para anunciar una investigación contra los policías nacionales actuantes, para que reclame a la Brigada Provincial de Información un análisis completo y urgente del discurso difundido en esa concentración y de la identidad de quien lo leyó, remitiéndolo a continuación a la Fiscalía Provincial de Madrid para la apertura de diligencias de investigación penal.
“La apertura de esta investigación es una torta más y una ofensa que pone en entre dicho el principio de autoridad, cuando pedimos medios humanos y materiales dan la callada por respuesta, ahora pedimos una respuesta contundente en los juzgados y amparo sobre nuestra labor policial y recibimos a cambio una investigación en contra de unos agentes que trabajan por y para el ciudadano con unas obsoletas herramientas que llevamos años denunciando” remarca Agustín Vigo, portavoz nacional de CEP, quien además añade que cada día que pasa el cuerpo policial sufre más y más el abandono de la Administración, por la que se sienten utilizados, y es por ello que vuelven a hacer un llamamiento al resto de los sindicatos para declarar el conflicto colectivo contra un Gobierno que no escucha, “no entendemos a día de hoy como hay organizaciones sindicales que se siguen sentando en la misma mesa con aquellos que ponen en duda la labor policial y amparan una discriminación salarial en aumento”.
Señalan a su vez que “lo ocurrido en Lavapiés tras esta intervención policial no es casual. Determinados colectivos y asociaciones aprovechan cualquier suceso en ese barrio de Madrid para cuestionar la seguridad pública de nuestro país, para socavar el Estado de Derecho con discursos que nos equiparan a cualquier dictadura tercermundista, para poner en tela de juicio nuestro ordenamiento jurídico y para pretender que algunas zonas de la capital sean espacios sin presencia policial, abiertos al delito, a la impunidad y a la degradación.
Para toda esa red de entidades que insultan, ofenden e injurian a decenas de miles de profesionales de la seguridad pública tenemos un mensaje muy claro: pierdan toda esperanza si lo que pretenden es generar zonas de impunidad delictiva en este país a golpe de mentiras y calumnias; pierdan toda esperanza si creen que el señalamiento y la persecución nos va a hacer titubear un solo segundo a la hora de cumplir y hacer cumplir la Ley.
A todos ellos, y a los portavoces de determinadas formaciones políticas, les exigimos respeto. Respeto a los más de 70.000 funcionarios y sus familias. Respeto a la presunción de inocencia que, aunque les moleste, también asiste y ampara a los policías. Respeto a las instituciones y al Estado de Derecho. Y respeto a un Cuerpo, el de la Policía Nacional, cuyos profesionales se juegan la vida todos los días para evitar atentados terroristas, desmantelar grupos criminales organizados, desarticular redes de trata de seres humanos, proteger vidas y negocios o atender y acompañar a los colectivos más vulnerables que son víctimas de todo tipo de delitos. Nos jugamos mucho en nuestro trabajo -1.400 agresiones al mes en 2023, entre policías y guardias civiles víctimas de atentados- y hemos perdido a compañeros por proteger los derechos y libertades de todos los demás. Sólo por eso, exigimos a esos colectivos y partidos que dejen de embarrar nuestro trabajo con fines partidarios, casualmente a las puertas de tres procesos electorales (dos autonómicos y uno europeo)”.
