Interior deberá abonar a los guardias civiles del Servicio Marítimo el 100% de las horas que permanezcan embarcados

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Jucil logra en el Tribunal Supremo una victoria definitiva sobre el régimen y las retribuciones de los guardias civiles del Servicio Marítimo-Patrulleras. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había dictado sentencia favorable a la anulación de la orden que computaba a los agentes sólo 15 horas trabajadas por cada 24 horas embarcados al Servicio Marítimo.

La orden queda derogada y la Dirección General de la Guardia Civil está obligada a cesar en su aplicación.

JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha logrado una nueva victoria en el Tribunal Supremo. Este órgano jurisdiccional ha rechazado el recurso de casación presentado por la Dirección General de la Guardia Civil contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la que la sala de lo contencioso-administrativo daba la razón a esta asociación respecto a la Orden General 15/2022, sobre jornada laboral del personal del Servicio Marítimo.

Ante la imposición por parte de la Administración de una decisión no dialogada, como fue la de computar a los efectivos solo 15 horas trabajadas por cada 24 horas embarcados en el Servicio Marítimo, JUCIL se opuso desde un principio, al entender que se incumplían las directivas sobre condiciones de trabajo de la Unión Europea en cuanto al tiempo de cálculo de la jornada laboral de los guardias civiles adscritos a esta función e inmediatamente decidió recurrir la orden ante los tribunales.

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil ha ido ganando en todas las instancias ante las que se ha presentado recurso, hasta el Tribunal Supremo, que finalmente dio la razón al TSJM, que ya había declarado nula la Orden 15/2022, que modifica la Orden 11/2014, por la que se determinaban los regímenes de prestación de servicio y jornada y horarios de la Guardia Civil, el pasado mes de abril.

Tras el vano intento de la DGGC de revocar la sentencia en el Tribunal Supremo, la Dirección General de la Guardia Civil queda obligada a cesar en la aplicación de la Orden General 15/2022, al no caber más recursos en su contra.

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