Interior ha decidido congelar la partida presupuestaria que cubre las ayudas para policías contempladas en el Programa de Acción Social para 2023 de la Policía Nacional según el borrador facilitado por la Dirección General de la Policía a los sindicatos.
Una partida que solo supone una media de 129 euros por agente y año para cubrir dependencia, tratamientos médicos o educación, entre otras partidas.
De esta forma, los 11,17 millones de euros de 2022 no experimentarán aumento alguno para financiar ayudas tan importantes como las destinadas a personas con discapacidad, mayores dependientes, tratamientos médicos, escuelas infantiles, ayudas al alquiler de viviendas, armonización de la vida profesional y familiar, apoyo a la educación o ayuda a las familias monoparentales.
La decisión supone perpetuar una inversión tan testimonial que en 2022 ha supuesto una media de solo 129 euros anuales para cada uno de los 86.129 agentes que fueron aceptados en alguno de los quince subprogramas de este paquete de ayudas de carácter social.
Una cifra muy superior a la de 2021 y que confirma año en el que 78.204 policías se acogieron a este programa, dotado con el mismo presupuesto , en un escenario general de aumento de precios, de encarecimiento del coste de vida, que el Gobierno no está dispuesto a aliviar la presión de las familias de los profesionales de la seguridad pública.
El sindicato CEP lleva años reclamando a este Gobierno una apuesta real y decidida por un Programa que puso en marcha en 2005 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que impulsó muy significativamente con continuos aumentos de presupuesto, desde los 7,5 millones de euros iniciales hasta los 42,3 millones del año 2011. Con la llegada del Ejecutivo del Partido Popular, las ayudas sufrieron dos grandes recortes: uno del 50%, en 2012, pasando a 21,1 millones de euros la dotación presupuestaria; y otro de un 50% adicional, en 2013, quedándose la cifra en 10,57 millones de euros.
Desde aquel momento, y en el periodo comprendido entre 2013 y 2020, ningun gobierno dedicó la un solo euro más a financiar una partida muy demandada por las familias de los policías nacionales. Solo el año pasado, la Dirección General de la Policía decidió aplicar un ligero incremento de 600.000 euros en este Programa, apostando en 2023, como hemos conocido ahora, por perpetuar la congelación presupuestaria en partidas sociales.
Resulta especialmente llamativo que un Gobierno socialista no retome la senda de quienes le precedieron en el poder en el periodo 2004-2011, remarca este sindicato policial, y se niegue a aumentar decididamente la dotación económica que financia programas imprescindibles.
Exponen que ésta, es la apuesta real que Interior debería exhibir en sus comparecencias y no el permanente uso de nuestro trabajo para obtener réditos políticos.
Las familias de los policías nacionales también tienen necesidades sociales que el Gobierno , y más uno del PSOE, puede y debe atender, “porque no somos ciudadanos de segunda”, apostillan.
El sindicato CEP indica que lejos de hacerlo, la decisión conocida hoy sitúa a Interior en un puesto muy destacado en el ranking de gobiernos menos sensibles a las demandas sociales de los policías nacionales, por mucho que se aumenten las inversiones en infraestructuras. No solo eso, sino que también acredita la nula capacidad de diálogo de un Ministerio que, una tras otra, obvia e ignora las peticiones de mejora de las organizaciones sindicales que, como en este caso, no suponen un coste elevado y no comprometen gastos futuros.