La asociación profesional de guardias civiles Independientes de la Guardia Civil -IGC-, muestra su preocupación por la falta de personal, que afecta gravemente al ciudadano y a los componentes del cuerpo, ante el aumento desbocado de hechos delictivos, principalmente en las zonas menos pobladas, donde se puede tardar más de una hora en llegar a una urgencia.
Según datos del Ministerio de Política Territorial, en España hay una ratio aproximada de unos 310 funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la tasa que había en 2019 de 367 por cada 100.000 personas, según Eurostat, lo que situaba a España en el puesto número 12 de entre los Estados miembros de la Unión Europea con más policías por habitante.
La última oferta de empleo público para la Guardia Civil de 2023, con 2.070 plazas de acceso, frente a las 2.456 de Policía Nacional, supone una nueva merma de la plantilla ante la notablemente la falta de reposición, pero la situación aún se agrava más, en la denominada “España Vaciada”, donde comienza a volverse insostenible, ya que los efectivos actuales no solventan con garantías las necesidades operativas.
Hay núcleos de población tan pequeños, en los que la única representación oficial del Estado es un cuartel de la Guardia Civil y sus vecinos pasan días enteros en los que no observan la presencia del Cuerpo.
La capacidad de respuesta de la Guardia Civil en esas demarcaciones es claramente insuficiente, llegando a hacer acto de presencia una hora después de recibir el aviso, perjudicando gravemente con ello la seguridad de los ciudadanos y los agentes, que no cuentan con refuerzos en caso de ser necesarios, además de generar una grave discriminación con respecto a otros territorios del Estado.
La exdirectora general de la Guardia Civil, María Gámez, avanzó en la comisión de Interior del Senado, en marzo de 2021, las líneas generales de lo que denominó “nuevo plan estratégico de la Guardia Civil sobre el reto demográfico” y que incentivaría a los agentes para que permanecieran en la “España vaciada”, si bien hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida a este respecto.
En el último movimiento de personal publicado el pasado 21 de febrero de 2023, Cantabria es la gran olvidada.
- Albacete, es según estadísticas de Interior, la provincia castellano manchega que más ha sufrido el cierre de Unidades, destacando los de Villapalacios y Pozocañada en 2018.
- Salamanca se da la peculiaridad de que tan solo 15 agentes se encargan de una demarcación que cuenta con 16.000 habitantes y 27 pueblos, a todas luces insuficiente para garantizar una buena seguridad, donde un alcalde mostró su preocupación, ya que en los últimos años “no se ha dado una respuesta firme a las bandas de ladrones que tienen preocupada a la población de la comarca por esta falta de personal. Un problema que se sufre en toda la provincia por la falta de plantilla”.
- Guadalajara ha visto como el puesto de Budia, echaba el cierre en 2016 y el Puesto Auxiliar de Condemios de Arriba en 2019.
- Soria, el Puesto de San Esteban de Gormaz, es uno de los casos más llamativos, ya que, con la escasa plantilla de agentes que tiene, nunca podrá dar un buen servicio a los más de 4.000 vecinos de los 36 pueblos repartidos en los más de 400 kilómetros/2 con los que cuenta su demarcación.
- Cuenca, Burgos y Zamora, son otras de las provincias más afectadas.
Estos son solo algunos de los casos que evidencian la falta de personal en la Institución, donde prácticamente la totalidad de sus Unidades tienen un severo déficit en sus catálogos de plantilla, a los que habría que sumar, los agentes que figuran prestando servicio en Seguridad Ciudadana, pero que realmente se encuentran realizando otras actividades en los grupos funcionales, como los equipos VIOGEN, ROCA, @, entre otros, que restan y se nutren principalmente de personal de patrulla, ya que no cuentan con un catálogo propio.
IGC solicita a las administraciones públicas responsables, que se aumente la plantilla con una tasa de reposición cercana al 200% durante los próximos cinco años, además de acometer una profunda reestructuración territorial de las unidades, para poder paliar la sangría de personal, especialmente en las zonas más despobladas, a la vez que invitan a las corporaciones locales a que se impliquen más, si cabe, en la solicitud de refuerzo, incentivando a su vez la presencia de efectivos en sus poblaciones y reclamando mejoras tanto para los agentes como recursos y servicios que incentiven el asentamiento de población en la “España vaciada”.
