El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha decidido que no se impondrán infracciones administrativas para los inmorales que se administraron la primera dosis tanto de Moderna como de Pfizer sin estar permitido. “No vamos a sancionar a nadie”, ha manifestado ante los medios la recién estrenada ministra de Sanidad, Carolina Darias, en referencia a altos cargos y políticos que violaron el plan de protocolo de vacunación COVID-19.
Esta inmunidad no se concede de igual forma para los miles de ciudadanos propuestos para sanción por las autoridades después de vulnerar las normativas que rigen actualmente para frenar la pandemia como el uso de la mascarilla o desplazamientos no autorizados.
Incluso lejos de aplicar sanción alguna, la actual ministra socialista ha optado por castigar a estos sujetos acorde a un innovador modelo moral refiriéndose concretamente a aplicar un “rechazo social”. Así ha legislado esta fórmula divina para aplicar contra las conductas inmorales de los que han dejado sin vacuna a personal sanitario que lucha en primera línea o a personas de riesgo.
Y para rematar la faena de la tarde, al más puro estilo Poncio Pilatos, Darias ha evadido dar una respuesta contundente sobre si se debería aplicar la segunda dosis a estos seres refiriéndose a que deben ser los “criterios médicos” los que debatan sobre tal cuestión.
Acto seguido, el mismísimo director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), Fernando Simón, ha recordado que se recomienda poner la dosis antes de los 40 días “para que no se pierda la eficacia”. Declaraciones que dejan entrever que a pensar de saltarse a la torera la legislación vigente el infractor puede reiterar su conducta susceptible de sanción contando con una especie de aforamiento a modo de bendición divina.
Mientras tanto, los agentes de los cuerpos de seguridad seguirán efectuando controles desplegándose dentro de sus marcos competenciales para velar por el cumplimiento del marco legislativo establecido por el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos para que las sanciones lleguen a los ciudadanos aunque de desigual forma que el Gobierno pretende que lleguen a altos mandos militares o alcaldes.
Esto no se puede consentir. Esto ya es comunismo en su máxima expresión. La clase gobernante está hecha de otro material distinto a la clase dirigida. La justicia al sol que más calienta. Q vergüenza!
Sigamos dejándoles hacer que vamos por muy buen camino. Si unos son malos de solemnidad los otros son nefastos, vaya troupe!!
Increíble dictadura en la que estamos.Y con los medios audiovisuales también en sus manos.Esto pinta muy mal.🤦🏼♀️