Las organizaciones sindicales representativas de la Policía Nacional en Galicia, CEP, SPP, SUP y UFP que representan a la amplia mayoría del colectivo policial, a raíz de las últimas noticias relacionadas con la participación de las Policía Nacional en las labores de vigilancia para el cumplimiento de las normas sanitarias que se establecerán durante la Navidad, han denunciado la ausencia de instrucciones claras y concretas sobre cuándo y bajo qué circunstancias se puede proponer para sanción.
En el caso de Galicia, la información aparece publicada en el DOGA y son las Brigadas de Seguridad Ciudadana las que deben leer, interpretar y trasladar a los policías qué hechos se pueden sancionar y cuáles no, resaltando que en muchas ocasiones los medios de comunicación son los que proveen de información a las FFCCSS ya que ni desde la Delegación, Subdelegaciones o Xunta se envía información a las comisarías con las sanciones a aplicar, de manera actualizada, según las diferentes casuísticas, lo que provoca que, en ocasiones, no se pueda informar correctamente a los ciudadanos, produciéndose situaciones de indefensión jurídica que afectan a los policías y ciudadanos que continuamente realizan alegaciones a las propuestas de sanción, colapsando las Subdelegaciones, las secretarias de las comisarías y en último término los juzgados.
“Los miles de procedimientos declarados inconstitucionales y por los que ningún político ha salido a pedir disculpas, representan un claro ejemplo del despilfarro de recursos y la transmisión de una mala imagen policial hacia los ciudadanos que, a veces, ven a su Policía como el brazo ejecutor del Gobierno, cuando la realidad es que los agentes se deben a los ciudadanos y su misión es protegerlos”, manifestan los representantes de los agentes.
En las ruedas de prensa, a través de las que se informa de las nuevas medidas y en qué fechas se van a aplicar, se deberían enviar a las Comisarías de manera claro dicha información, de las restricciones que se imponen o continúan, de las que se derogan, ámbito de aplicación, posibles casuísticas y excepciones a la norma, si existen. Todo ello, antes de la publicación en el DOGA para que los Policías sepamos qué tenemos que hacer y nuestros responsables puedan planificar los posibles servicios, operativos o controles sin alterar los permisos y los descansos reglamentariamente establecidos.
La inexistencia de un teléfono de línea directa entre Xunta y Policía para aclarar o interpretar
ciertas normas y restricciones, a disposición de los responsables de las Brigadas de Seguridad Ciudadana, es decir, Jefes de Grupo y especialmente Jefes de Sala y Coordinadores que trabajan 24 horas, los 365 días al año que puedan dar soporte a las patrullas actuantes.
Los perjuicios que vienen sufriendo los Policías y sus familias por la pertenencia a MUFACE, no disponiendo de acceso ni a los test, ni a los cribados masivos, encontrándose con numerosas trabas a la hora de la realización de las pruebas de detección o tramitación de la correspondiente incapacidad, tras presentar síntomas o después de un contacto estrecho con un caso confirmado, al no disponer de tarjeta sanitaria.
