Indignación en el colectivo de funcionarios de prisiones: en sus oposiciones de acceso se insinúa que torturan y venden droga a los presos

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Indignación en el colectivo de funcionarios de prisiones al denunciar que en sus oposiciones de acceso se insinúa que torturan y venden droga a los presos. Así de claro lo denuncian los principales sindicatos.

“Examen Cuerpo de Ayudantes Instituciones Penitenciarias celebrado ayer domingo. Supuesto N°2 apartado 3 nos llaman maltratadores y torturadores con una interna. Supuesto N° 7 nos llaman corruptos y que metemos estupefacientes en Madrid V Soto del Real”, denuncian abiertamente desde CSIF Valdemoro a través de redes sociales.

Se trata de un examen, en el que, a través de distintos casos prácticos, se describe como un trabajador introduce drogas en una prisión, o cómo otros dos se extralimitan en la reducción de un preso, supone «una humillación para todo el colectivo». Por tal motivos, los representantes de los trabajadores exigen responsabilidades y piden explicaciones.

En uno de los supuestos, se describe como, tras requisarle una serie de objetivos prohibidos en la prisión, la interna «empuja a una de las funcionarias y se niega a entrar en la celda, adoptando una posición defensiva con los puños en alto».  «la interna hace caso omiso a las mismas». «La reclusa es reducida y, cuando está en el suelo, las funcionarias le colocan las esposas con las manos en la espalda. Al levantarla, para trasladarla al departamento de aislamiento, una de las funcionarias le propina un golpe con la rodilla a la altura del pecho cuando ya no oponía resistencia».

No dejan de ser acusados implícitamente de mala praxis y hasta de torturas.

Otro caso detallado en el Centro Penitenciario de Madrid V, en Soto del Real. La madre de un interno es conocedora de que un funcionario introdujo «el 5 de mayo de 2021 en el establecimiento sustancias estupefacientes destinadas al consumo de los internos». Así que, «ante su preocupación, y asesorada por el letrado del interno, interpone una denuncia contra el funcionario solicitando» que se castigue al autor con una falta grave y con la suspensión de sus funciones durante cuatro años.

Nuevamente se trata de una acusación velada de tráfico de drogas.

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