Continúan las agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin que en el Ministerio del Interior se muevan para buscar una solución, recalcan desde AEGC.
“Ya consideramos un grave problema de seguridad para los que formamos parte de ellas”.
El “broche final” del mes de mayo lo ha puesto Ibiza, donde se han vuelto a registrar dos nuevas agresiones a integrantes de patrullas de la Guardia Civil que tan sólo estaban cumpliendo el deber de velar por la seguridad ciudadana.
Las dos agresiones se produjeron en el municipio ibicenco de San Antonio con tres días de diferencia.
La primera se registró el pasado día 24 de mayo, cuando una patrulla de este puesto principal recriminó a un ciudadano que dejara de tirar cajas a la vía pública porque podía ocasionar un accidente de circulación. Este individuo se mostró en todo momento muy agresivo y violento, golpeando a uno de los agentes fuertemente en el pecho.
Tres días después, el 27 mayo, en el mismo municipio otra de sus patrullas al ir a detener en un hotel de este término a un ciudadano argelino, con orden de búsqueda y detención, se encontraron con un individuo violento y agresivo que atacó a los dos agentes causándoles a uno de ellos un traumatismo y politraumatismos al otro componente de la patrulla.
Desde la Asociación Española de Guardias Civiles son conscientes que han elegido una profesión que entraña unos riesgos. Saben que cada día al salir de servicio no tiemen la certeza de volver enteros a sus casas.
Todo esto los guardias civiles lo saben, pero también saben que cada día hay más medidas de protección que les facilitarían su trabajo, como tener la dotación de táser, al menos una por patrulla. Esta herramienta, de haber dispuesto de ella estos agentes, hubieran podido actuar con más seguridad y sin que ellos o los detenidos hubieran sufrido lesiones, remarcan desde esta asociación.
En cuanto a las sanciones penales, en AEGC llevan años reclamando que se les de la misma consideración que tienen los jueces, profesores o médicos.
“Somos los encargados de velar por la seguridad ciudadana y se nos considera agentes de la autoridad y no autoridad, que implica penas mayores”.
Indican que este cambio es sólo cuestión de buena voluntad por parte del ejecutivo. Esa buena voluntad de acaba de tener con los vigilantes jurados y con los funcionarios de prisiones a los que ya se considera agentes de la autoridad, ¿por qué entonces no se puede hacer los mismo con los miembros de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que llevan años reclamando.
Además, consideran que los jueces, que si son autoridad, tienen en sus manos el que estas agresiones no queden impunes, tan solo deben exigir a los agresores la provisión de fondos para asegurarse el abono de las multas a las que finalmente sean condenados
