La Comunidad OPN, en colaboración con el despacho especializado en procesos selectivos Legal Oposiciones coordinan un grupo significativo de opositores cuyas puntuaciones se han quedado justo por debajo de la nota de corte de la 39ª promoción para el acceso a la Policía Nacional, escala básica. Este grupo, en plena disputa por su apto en la convocatoria, está preparando un recurso de alzada para impugnar una controvertida pregunta del examen.
La pregunta en cuestión, tal y como está redactada, ha generado un intenso debate en redes sociales. Plantea un supuesto de hecho por el que un individuo sustrae un vehículo forzando la cerradura y, después de 74 horas, lo devuelve al lugar de origen. La cuestión es: ¿qué delito ha cometido el sujeto? Entre las posibles respuestas se encuentran “Robo con fuerza”, “Hurto” y “Robo y hurto de uso de vehículo”. El tribunal examinador marcó “Hurto” como la respuesta correcta; sin embargo, existe abundante jurisprudencia que sugiere que “Robo de uso” también podría ser una opción válida. Este debate no solo concierne a los opositores, sino que también es una cuestión frecuentemente disputada entre asegurados y aseguradoras, que no cubren el hurto, y sin embargo sí cubren el robo.
Dado este dilema de posibles respuestas correctas, la demanda se centra en la nulidad de la pregunta. Esta solución no afectaría en principio a aquellos ya calificados como aptos en el proceso, pero concedería el valioso apto a este grupo de opositores determinados.
Sorprendentemente, la División de Formación y Perfeccionamiento no ha considerado necesario anular ninguna de las cien preguntas del examen en esta convocatoria, a pesar de que en casi todas las convocatorias se anulan una o dos preguntas cada año.
Ahora, los opositores aguardan la decisión de la DGP sobre la concesión o denegación de la medida cautelar, que permitiría a los opositores seguir adelante con el proceso selectivo mientras se resuelve el recurso interpuesto.
Si la respuesta al recurso de alzada resulta ser negativa, los opositores se verían forzados a recurrir al contencioso-administrativo para continuar defendiendo sus derechos, marcando el final del proceso administrativo.
Toda la información relacionada con el caso se irá divulgando a partir de los medios de comunicación que OPN pone a disposición de los opositores.
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