El diputado Pablo Cambronero Piqueras prosigue con su fiel compromiso hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su defensa acérrima, motivo por el cual ha solicitado una respuesta por escrito por parte del Gobierno, sobre las responsabilidades, incluso penales, en las que puede haber incurrido la Consejería de Salud de la Generalidad de Cataluña a la hora de denegar la vacunación de los Policías Nacionales y Guardias Civiles destinados en esa comunidad autónoma.
En la pregunta presentada a la mesa del Congreso, Pablo Cambronero expone que el plan de vacunación nacional, creado al efecto para establecer un orden de vacunación para evitar contagios y proteger a los más débiles y funcionarios que han estado y están combatiendo en primera línea contra esta terrible pandemia, se ideó con un solo objetivo, el de salvar vidas y evitar contagios.
Significa en su escrito que las Comunidades Autónomas tienen cedidas competencias en materia sanitaria, excepto durante esta pandemia, en la que el mando único se ha ejercido preeminentemente por el Ministerio de Sanidad y además se están dedicando a la vacunación de los colectivos incluidos en el plan nacional establecido.
En Cataluña, como bien dice este diputado, asistimos a una situación inédita y que supone, una vez más, una situación injusta para con los Policías Nacionales y Guardias Civiles que prestan servicio en dicha comunidad autónoma. La Generalidad Catalana niega la vacunación a cientos de servidores públicos por llevar la bandera de España en el hombro mientras vacuna a su policía autonómica.
Pablo Emérito Cambronero Piqueras, denuncia en su escrito que, además de ser una situación discriminatoria, de dicho comportamiento debería darse cuenta a la fiscalía, “pues hay un comportamiento que presuntamente podría estar encauzado en nuestro Código Penal ejecutado por una Administración Pública autonómica”.
Por todo esto solicita del Gobierno que responda por escrito a las siguientes preguntas:
- Ante la vulneración de órdenes dictadas en el Plan de Vacunación Nacional por parte de la Comunidad Autónoma, que además puede suponer un problema de seguridad y de salud pública, ¿ha instado a la Generalidad Catalana al cumplimiento escrupuloso del plan de vacunación?
- ¿Ha puesto el Gobierno en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la situación que ha acontecido en cuanto a la negativa de las Instituciones autonómicas catalanas a la vacunación de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que prestan servicio en la Comunidad Autónoma Catalana?
