JUCIL que defiende los derechos laborales de los guardias civiles solicitando al Tribunal que la Generalitat indemnice con 450 euros por trimestre a cada guardia civil o policía nacional que así lo reclame mientras mantenga su negativa a aplicar el fallo judicial
La Asociación Profesional demanda en su recurso que, como la sentencia afecta a todos los centros educativos públicos y privados de la comunidad autónoma, se requiera a los directores “para que adopten las medidas que requiera su cumplimiento con los apercibimientos correspondientes”
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil presentará mañana lunes, 28 de marzo, un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para reclamar de este órgano judicial la imposición a las autoridades catalanas del cumplimiento de la sentencia declarada firme en enero de este año en la que se indica que se deben “adoptar las medidas necesarias a los efectos de garantizar que, en los sistemas comprendidos en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”.
El fallo judicial aún no se ha cumplido en los términos que determina la citada sentencia y por este motivo, JUCIL, en coordinación con las plataformas cívicas Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, plantean este recurso para conseguir que el fallo, definitivamente firme, tenga consecuencias inmediatas para todos los ciudadanos que en Cataluña desean que sus hijos sean educados en castellano al menos en un mínimo del 25% de las clases, tal y como exige el tribunal a través de su decisión sobre las dos lenguas vehiculares de la educación en esta comunidad autónoma, el catalán y el castellano. “Han transcurrido sobradamente los plazos previstos y resulta notorio y evidente que la Administración autónoma no ha cumplido ni tiene intención de cumplir la sentencia, tal y como reiteradamente anuncian en los medios de comunicación sus representantes”, afirma la secretaria general de JUCIL en Cataluña, Milagros Cívico.
JUCIL está legitimada para presentar el recurso
La Asociación Profesional se considera legitimada para la presentación del recurso, en colaboración con las dos plataformas antes señaladas porque “los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen reconocido, al amparo de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Orgánica de Igualdad, el derecho a la conciliación de la Vida Laboral y Familiar y por tanto, a educar a sus hijos en el lugar de destino, por lo que se trata de un derecho que puede ser defendido por JUCIL” resalta Cívico.
“Tenemos un interés directo en que se ejecute la sentencia, disponiendo de un derecho reconocido a que los hijos de cualquier guardia civil o policía nacional, o cualquier otro funcionario destinado en Cataluña estudien también en castellano y en cualquier centro o municipio donde estén destinados para evitar que se lesionen sus derechos de conciliación familiar” añade la representante de la asociación profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil.
‘Incentivos’ a la Administración autonómica
El recurso considera que el Tribunal debe entender como de imposible cumplimiento la sentencia en el primer trimestre de este año, a punto de concluir, pero propone que para “incentivar” su cumplimiento por la Administración catalana se exija a la misma el pago de indemnizaciones a los afectados por su decisión de no atender el contenido del fallo de los tribunales. “Dado el carácter contumaz y público de la voluntad incumplidora de la administración, que incluso la anuncia en ruedas de prensa, entendemos que debe fijarse una indemnización por daño moral que, además de reparar el evidente daño moral producido a cualquier padre que debe tener escolarizados a sus hijos en un sistema educativo ilegal pese a haber una sentencia firme, incentive a la administración al cumplimiento de la sentencia” aclara Milagros Cívico.
Por todos estos motivos se solicita “que se condene a la administración a abonar a cualquier miembro de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que lo reclame 450 euros, o la cantidad que el tribunal estime conveniente, por cada trimestre en que no se aplique en la clase de sus hijos el fallo contenido en la sentencia dictada” concluye el texto del recurso, que además propone la aplicación de responsabilidades directas para los directores de los centros educativos que, como han señalado algunos de ellos en declaraciones públicas, se nieguen a la aplicación de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
JUCIL siempre da la talla.👏👏👏