El Tribunal Supremo resolverá las destituciones de los Coroneles Sánchez Corbí y Pérez de los Cobos. En las decisiones del Ministro del Interior y de la Directora General de la Guardia Civil se aducen razones de supuesta pérdida de confianza. Fueron recurridas a la Audiencia Nacional donde, pese a que en un principio se dio la razón al Coronel Pérez de los Cobos, finalmente la Sala de lo Contencioso acabó avalando la decisión de su antiguo componente, el Ministro Marlaska.
Los 10.000 puestos de trabajo de libre de designación en la Guardia Civil necesitan estar debidamente motivados para su adjudicación. Y sin embargo, los guardias civiles que los ocupan podrían ser cesados con solo alegar “pérdida de confianza”. Sin motivar, o con motivos incluso no acordes a derecho según la Audiencia Nacional. De ahí que el Tribunal Supremo haya decido entrar en el asunto admitiendo a trámite los recursos de los Coroneles.
Desde APROGC manifiestan que “es casi un insulto que la Audiencia Nacional, con los argumentos de la Abogacía del Estado -en representación del Ministros de Interior y de la Directora General de la Guardia Civil-, diga que a los guardias civiles no les es de aplicación la jurisprudencia que atañe al resto de funcionarios públicos que ocupan cargos de libre designación, cuyos ceses deben estar motivados. Se pretende convertir a los guardias civiles en funcionarios de segunda”.
Pero la desazón aseguran que la Institución va más allá. Los ceses por pérdida de confianza son potestad del Ministro del Interior para mandos, y de la Directora General para el resto de guardias civiles. Teniendo en cuenta que confianza significa esperanza firme en que otra persona actúe como ella desea, los guardias civiles nos tememos que la permanencia en nuestros destinos puede depender de conseguir satisfacer la esperanza que el responsable político de turno tenga depositada en nosotros, pero una esperanza que, como hemos visto en estos casos, no se atiene a criterios profesionales, sino al interés político del partido del ministro de turno.
Y es que entre esos 10.000 guardias civiles se encuentran la totalidad de los que ejercen funciones de policía judicial -casi 4000-, es decir, los que realizan las investigaciones sobre corrupción que afectan a los partidos políticos. Por ello, permitir que todos esos investigadores puedan ser cesados por los responsables políticos con solo alegar “pérdida de confianza”, sin que sea necesario explicitar los motivos que hay detrás de ella, y que esos motivos sean ciertos, legales y sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, supone un tremendo ataque a la separación de poderes y la antesala de la arbitrariedad.
“Escuchando las grabaciones realizadas por el Comisario del CNP Villarejo a Dolores de Cospedal, difundidas recientemente, nos produce gran zozobra ver cómo la que fuera Secretaria General del PP (entonces en el Gobierno) le dice al Comisario “Si supieras los que me ha costado que se carguen a los DAO, que echen a (Pablo) Martín Alonso (DAO de la GC en 2017)” y comprobar que la seguridad jurídica profesional de 10.000 guardias civiles pende de un hilo, de la esperanza de un político para que no actuemos ¿cómo? ¿Investigando tramas como la de los EREs? ¿Sentando en el banquillo de los acusados a malversadores, sediciosos o terroristas? … porque, los que hacen estas “cosas”, están todos destinados en vacantes de libre designación. Quizás, el Comisario Villarejo echó en falta esas garantías, y por eso grababa a diestro y siniestro”, se preguntan desde APROGC.
Los representantes de los guardias civiles advierten que están en juego las garantías en el ejercicio, entre otras cosas, de nuestra labor como guardias civiles al servicio de Jueces, Fiscales y de la ciudadanía; en definitiva, al servicio de nuestro Estado de Derecho.
“No podemos permitir que intenten convertirnos en Villarejos”, denuncian.
