Hace pocos meses, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles se denunciaba un desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil en puertos y aeropuertos para cedérselos a policías autonómicas y policía nacional. Unos hechos que se desarrollan por la puerta de atrás y vulnerando la legislación vigente de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se estaba llevando a cabo por el Ministerio del Interior, la Secretaria de Estado de Seguridad y la Dirección General de Coordinación y Estudios.
Desde diferentes ámbitos cercanos al Ministerio que dirige Marlaska, así como el propio Director General de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, se negaron estos hechos, tachando a las Asociaciones Profesionales de alarmistas y diciéndoles que leyesen bien la norma porque estaban equivocados.
En estas últimas semanas han tenido conocimiento de la entrega de las competencias de seguridad ciudadana y policía judicial en el Puerto de Santander a la Policía Nacional, contraviniendo para los representantes de los guardias civiles toda la legislación en vigor y el reparto de competencias establecido entre cuerpos.
Estos extremos se plasman en un documento firmado por el Secretario de Estado de Seguridad, así como otros muchos documentos más, con los cuales los guardias civiles destinados en el Puerto de Santander, ejerciendo esta competencia exclusiva de la Guardia Civil, se verán abocados a afrontar una reestructuración y, posiblemente, una pérdida de destino, en el momento en que nuestros compañeros y compañeras de Policía Nacional asuman efectivamente estas competencias.
“Todo ello saltándose informes contrarios a esta maniobra y amedrentando a cualquiera que se oponga a ello”, precisan desde AUGC. Por ello, esta preocupación se extiende más allá ya que, con este paso, se certifica la intención del Ministro del Interior de quitar las competencias en puertos y aeropuertos a la Guardia Civil para entregárselas a las Policías Autonómicas y a la Policía Nacional.
Esta maniobra no es aislada, manifiestan que han detectado la intención de ejecutar esta retirada de competencias, progresivamente, en el resto de puertos y aeropuertos, en cuanto la Secretaría de Estado tenga la oportunidad, afectando así a la carrera profesional de más de 7.500 guardias civiles, así como contrariando toda la normativa europea sobre fronteras, enfrentándonos una vez más a la Unión Europea y a FRONTEX, dejando en ridículo a España frente a nuestros socios europeos.
“Estamos asistiendo al desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil, que ya lleva años en seguridad ciudadana, con falta de efectivos, medios y dejadez institucional, y ahora avanza con la especialidad de Fiscal y Fronteras, siempre incumpliendo la legislación vigente mediante trucos y documentos que se saltan cualquier normativa y coherencia”, sentencian.
