La actualización III de la Estrategia de Vacunación COVID-19 en España, contempla como grupo de población a vacunar, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por su función esencial para la sociedad y por la dificultad de sustituirlos, estando establecido, que la gestión de la vacunación recae en las diferentes comunidades autónomas.
Por este motivo, desde APROGC no han podido quedarse impasibles viendo que las instituciones juegan con los derechos de los guardias civiles así como de sus familias en un momento de emergencia sanitaria, como es el caso ocurrido en la comunidad autónoma de Cataluña, donde por parte de la Consejería de Sanidad de la Generalitat, se ha excluido del proceso de vacunación a la Guardia Civil.
Esta decisión del gobierno catalán ha sido impuesta por la simple condición de pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como así se demuestra con los datos ofrecidos, donde por parte de ese organismo de la administración autonómica, se ha vacunado al personal de las policías locales y autonómicas pero no los agentes de la Guardia Civil, poniendo en riesgo no sólo a las familias de este colectivo, sino también a la ciudadanía en general.
“Cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo…”
Por lo anteriormente expuesto, dicha asociación comunica la presentación de la correspondiente denuncia por parte de nuestros servicios jurídicos contra la persona responsable de la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña.
APROGC nació a finales de 2010, marcando entre nuestros fines preservar la identidad y naturaleza propia de la Guardia Civil y la defensa de los intereses sociales, económicos, familiares y profesionales de todas las personas que forman parte de la Guardia Civil.
