El gobierno francés ha prometido una reforma legislativa encaminada a endurecer las penas por agresiones hacia los agentes de la policía o gendarmes después de haberse registrado dos fallecimientos entre sus integrantes recientemente. Los representantes de los uniformados han expresado su profundo rechazo hacia la legislación vigente considerándola demasiado blanda con los delincuentes y exigen mayor protección jurídica y condenas severas para los que atentan contras las fuerzas del orden.
Durante la celebración del funeral del oficial de policía Eric Masson el martes en la ciudad sureña de Aviñón, el primer ministro francés Jean Castex prometió que Francia no retrocederá en su lucha contra los narcotraficantes.
Masson, padre de dos hijos de 36 años, fue asesinado a tiros a plena luz del día el miércoles pasado durante un control de rutina en una esquina de la calle conocida por ser frecuentada por traficantes de drogas en el centro histórico de la ciudad de Avignon.
Castex anunció su intención de que la pena máxima para las personas condenadas por un delito cometido contra un policía o un gendarme se aumente a treinta años y que las posibilidades de reducción de las penas se limiten estrictamente para los agresores de agentes de policía.
“Este policía que hoy lloramos tenía solo 37 años. Eric Masson había solicitado su traslado a Avignon para estar más cerca de su casa. Allí murió y es en esta tierra de Comtat, que tanto amaba, donde podrá descansar. Nadie olvidará su nombre y su valentía”, manifestó el primer ministro Jean Castex en Twitter.
Ce policier que nous pleurons aujourd’hui n’avait que 37 ans.
Éric Masson avait demandé sa mutation à Avignon pour se rapprocher de chez lui.
Il y est mort et c’est dans cette terre du Comtat, qu’il aimait tant, qu’il pourra reposer.
Nul n’oubliera son nom et son courage. pic.twitter.com/WsUz63iUF9— Jean Castex (@JeanCASTEX) May 11, 2021
Masson es el último agente caído en acto de servicio. Días antes un hombre de origen tunecino era neutralizado por agentes de la Policía Nacional francesa mediante el empleo de armas de fuego después de dirigir un ataque con arma blanca al cuello a una agente de 49 años en la entrada de la comisaría de Rambouillet (Yvelines), Francia.
En los últimos tres meses 727 policías han resultado heridos en Francia como consecuencia de su trabajo.
Los policías en Francia denuncian que se ha convertido cada vez más en un objetivo de ataques en los últimos tiempos, a menudo por parte de narcotraficantes fuertemente armados. Algo similar ocurre dentro de nuestras fronteras donde los representantes de los agentes ya han mostrado su profunda indignación hacia la total impunidad con la que actúan los narcotraficantes en la zona de Campo de Gibraltar.
En el caso español, policías y guardias civiles han llegado a ser envestidos por vehículos de alta gama dedicados al tráfico de drogas que operan bajo las órdenes de los clanes de la droga que dominan el sur de la península ibérica poniendo en grave riesgo su vida. Los representantes de los agentes han exigido más medios humanos y materiales a la vez que han reclamando la declaración de “zona de especial singularidad”.
Según contempla el Código penal en su artículo 550, “los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.”
Las organizaciones sindicales y asociaciones en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han reclamado en diversas ocasiones que se aplique el máximo rigor penal y sancionador posible en este tipo de agresiones, para evitar que se conviertan en algo habitual, con el objetivo de frenar esa “sensación de impunidad” que en muchas ocasiones se deriva de este tipo de agresiones contra los agentes.
