El pasado martes daba comienzo en la Audiencia Provincial de Málaga el juicio contra el narcotraficante que en 2014 embistió con su narcofurgoneta un coche patrulla de la Guardia Civil que le había dado el alto en un control rutinario.
Más de 7 años de espera se han saldado con una condena a 2 años de prisión por un delito de salud pública, seis meses de prisión por conducción temeraria y 3 años sin carnet de conducir, y 2 años de cárcel por atentado a agente de la autoridad. Además se le ha condenado también por dos delitos de lesiones con 6 meses por cada uno y un delito e daños con seis meses de multa. Mientras que al otro individuo se le ha condenado a 6 meses por denuncia falsa y a 2 años de prisión por delito contra la salud pública.
Después de tantos años esperando, los dos agentes afectados que esperaban una justa acción de la justicia, han dado de bruces con una condena de tan solo 2 años por embestirles y mandarlos al hospital. Uno de ellos, representado de AEGC, ha sufrido en este tiempo dos operaciones, numerosas infecciones provocadas por las cirugías y más de 3 años de baja para el servicio.
AEGC lleva años reclamando la reforma del Código Penal para que los miembros de las FCSE tengan la misma consideración que los jueces, médicos o profesores. Por poner un ejemplo, es decir que dejen de ser considerados AGENTES DE LA AUTORIDAD para ser AUTORIDAD. “Solo así las agresiones de las que somos objeto cada día tendrán una condena justa, ejemplarizante y reparadora”, manifiestan.
Pero también reclaman desde hace años la necesidad de crear un juzgado que sólo entienda de tema de narcotráfico apoyado por una fiscalía también dedicada “full time” a estos delitos. “Solo así se puede luchar contra las organizaciones que se dedican a estos delitos contra la salud pública y la seguridad ciudadana. Porque, como hemos afirmado en numerosas ocasiones, una justicia lenta no es justicia. Una justicia lenta corre a favor del delincuente y en contra de la víctima porque esta dilación puede suponer que el acusado salga impune por prescripción del delito, un riesgo que hemos corrido en esta ocasión al tener que esperar más de 7 años para sentar en el banquillo a un individuo que durante estos años ha disfrutado de la libertad para seguir dedicándose a “su negociado” mientras lo guardias se empleaban en reparar los daños que le ocasionó en su salud”, sentencian desde AEGC.
