El Partido Popular, con su Presidente Alberto Núñez Feijoo a la cabeza, no se olvida en su programa electoral de las demandas de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones.
Tanto es así, que en su programa electoral se comprometen a culminar el Acuerdo de Equiparación Salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil firmado por el Gobierno del Partido Popular en el año 2018 con los sindicatos policiales CEP, SUP, UFP y SPP, y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil AUGEC, UO, AEGC, APROGG, UNIONGC, ASESGC y AP-GC. A su vez, en su programa electoral, el PP también se comprometen a reformar la Ley General Penitenciaria, incluyendo, entre otros aspectos, la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Mejorando las condiciones sociolaborales de los funcionarios.
Y es que con estas medidas y compromisos, el Partido Popular busca devolver la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. “Garantizar la seguridad pública es un requisito indispensable para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles. Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben estar respaldadas por los poderes públicos y dotadas adecuadamente de recursos para cumplir con garantías y eficacia sus funciones de protección social”.
Síntesis del programa electoral del Partido Popular que afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cambios legislativos que tanto reclaman:
CULMINAREMOS EL “ACUERDO DE EQUIPARACIÓN SALARIAL” DE POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL firmado por el Gobierno del Partido Popular, en el año 2018; crearemos una Comisión para valorar, en su caso, la jubilación anticipada dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y reformaremos la ley para considerar a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local como profesiones de riesgo.
Reforzaremos el principio de autoridad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar situaciones de riesgo.
REFORMAREMOS LA LEY GENERAL PENITENCIARIA incluyendo, entre otros aspectos, la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Mejoraremos sus condiciones sociolaborales.
ACTUALIZAREMOS EL PACTO ANTITERRORISTA Y REVISAREMOS EL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA para adecuarla a las nuevas amenazas. Incrementaremos los medios destinados a combatir el terrorismo en cualquiera de sus formas, reforzaremos el sistema de atención y reconocimiento a las víctimas del terrorismo y agilizaremos los trámites de retorno de los ciudadanos extranjeros que alienten la radicalización y el extremismo.
UTILIZAREMOS TODOS LOS MEDIOS que pone a disposición de la Justicia el Estado de Derecho para investigar los 379 crímenes de ETA aún sin resolver.
GARANTIZAREMOS LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE TERRORISMO Y MODIFICAREMOS EL DELITO DE HOMENAJE y exaltación de los terroristas o sus organizaciones a fin de impedir actos de humillación a las víctimas.
GARANTIZAREMOS QUE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS a los que pudieran acceder los condenados por terrorismo vayan siempre ligados a su colaboración en el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento.
REAFIRMAMOS NUESTRO COMPROMISO PERMANENTE CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO y rechazamos cualquier tipo de negociación o acuerdo de gobierno con fuerzas políticas que, como Bildu, incluyan o hayan incluido a condenados por terrorismo en sus candidaturas o en sus estructuras orgánicas.
MODIFICAREMOS LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL para impedir que quienes hayan sido condenados por terrorismo puedan ser elegibles sin acreditar arrepentimiento, perdón y resarcimiento a las víctimas y colaboración con la Justicia y a quienes se encuentren en situación de busca y captura.
PONDREMOS EN MARCHA UN PLAN DE SEGURIDAD ESPECIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE LAS BANDAS JUVENILES.
REFORMAREMOS EL CÓDIGO PENAL EN LO REFERENTE A LA MULTIRREINCIDENCIA en hurtos y estafas, de modo que la pena y su posible aplicación preventiva no sea igual para quien comete un delito que para quien comete una sucesión continuada de ellos.
AMPLIAREMOS LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE para los condenados por un delito de asesinato con ocultación de cadáver.
PONDREMOS EN MARCHA PLANES ESPECÍFICOS PARA REFORZAR LA PRESENCIA POLICIAL y atender las circunstancias de zonas que merecen atención particular, como las zonas de ocio y puntos negros de las ciudades, fortaleciendo la respuesta policial mediante el uso de la video vigilancia y de las más recientes técnicas de patrullaje inteligente. Así mismo reforzaremos la seguridad de las zonas despobladas en situación de riesgo demográfico, analizaremos la posibilidad de declarar zonas de especial singularidad como el Campo de Gibraltar.
PONDREMOS EN MARCHA UN PLAN DE SEGURIDAD CONTRA LA CIBERCRIMINALIDAD, con medios personales, reformas legislativas, inversión en tecnología, especialización/formación y campañas de concienciación. Reforzaremos las labores policiales de prevención, acercamiento y proximidad al ciudadano.
POTENCIAREMOS LA INSPECCIÓN FRONTERIZA, incrementando el número y formación del personal, impulsando la implantación del nuevo Sistema Europeo de Registro de Entradas y Salidas y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje, así como la coordinación y participación en las actividades de FRONTEX.
Asimismo, fortaleceremos las capacidades en medios, tecnología y coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la gestión integrada de fronteras, potenciando los cometidos de la Autoridad Nacional de Coordinación para la inmigración irregular.
ESTABLECEREMOS UNA RED DE EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA MIGRATORIA con países africanos. Seguiremos el modelo del actual Equipo Conjunto de Investigación en Níger liderado por España, con Francia y Níger.
AGILIZAREMOS EL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE RETORNO de inmigrantes irregulares o expulsión de los que hayan cometido un delito a través de acuerdos mejorados con los países de origen o de tránsito para prevenir amenazas a la seguridad y evitar el efecto “llamada”.
ACTUALIZAREMOS LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AÑO 2014, QUE HA QUEDADO SUPERADA POR LA REALIDAD, y desarrollaremos su correspondiente Reglamento..
Objetivo
EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS ESPAÑOLES
El derecho de propiedad es uno de los pilares de la comunidad política y social. Reforzaremos la defensa de la propiedad privada reconocida en el artículo 33 de la Constitución Española, a través de normas que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios y la convivencia vecinal frente al creciente fenómeno de la okupación ilegal,
que se ha disparado en los últimos años.APROBAREMOS UN PAQUETE DE MEDIDAS “ANTI-OKUPACIÓN” para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas; que las viviendas ocupadas ilegalmente no sean objeto de carga tributaria; o impedir que los ocupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados.
AGILIZAREMOS LOS DESALOJOS PARA QUE PUEDAN REALIZARSE EN EL PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS desde el requerimiento si los ocupantes no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble; y de modo inmediato en caso de flagrante delito. Impulsaremos la creación de oficinas técnicas municipales para la lucha contra la ocupación ilegal que cuenten con una asesoría jurídica a los vecinos o comunidades de vecinos afectados; un teléfono de atención al ciudadano 24 horas para actuar de forma inmediata ante ocupaciones o intentos de ocupación, y una ventana única de tramitación de asuntos relacionados con la ocupación ilegal.
CREAREMOS UNIDADES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO ESPECIALIZADAS EN LA LUCHA CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL, así como Unidades de Actuación Inmediata ante las ocupaciones inminentes con protocolos claros y efectivos.
REFORZAREMOS LAS PENAS POR DELITO DE USURPACIÓN en el Código Penal con hasta 3 años de cárcel. Y mejoraremos la protección legal frente a la actuación de las mafias, introduciendo el supuesto de que la ocupación ilegal se realice por un grupo organizado o siguiendo sus instrucciones.
DOTAREMOS A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE MEDIOS DE DEFENSA JURÍDICA en la Ley sobre Propiedad Horizontal para la protección de la convivencia vecinal, legitimándolas para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal y para acudir a las autoridades.
PROMOVEREMOS LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE BASES DEL RÉGIMEN LOCAL con el fin de que la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni le atribuya ningún derecho.
IMPULSAREMOS REFORMAS DE LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA para que se puedan devolver las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el Impuesto sobre el Patrimonio por el periodo que haya durado la ocupación; y para que la vivienda ocupada sea considerada como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión, de forma que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere.
