CCOO y UGT han reclamado que la tramitación del proyecto de ley por el derecho a vivienda no sea objeto de más demoras y han exigido que su aprobación se produzca durante el actual período de sesiones que finalizará antes de 2023. Se trata de un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que señala que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
El proyecto de ley elaborado por el Gobierno, que actualmente se encuentra en fase de elaboración de informe en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, fue enmendado por ambas organizaciones en cuestiones especialmente relevantes para los trabajadores y trabajadoras como el amianto, sobre el que alertaron de la necesidad de dotar a la ley de los instrumentos efectivos “para asegurar la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan”. Según UGT y CCOO, “es imprescindible que la ley contemple que los edificios que contengan amianto estén catalogados, de modo que propietarios e inquilinos sean conocedores de la existencia de este cancerígeno en sus viviendas”.
Entre las enmiendas propuestas por CCOO y UGT destaca también la relacionada con los incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. A su juicio, las bonificaciones fiscales en el IRPF deben ser transformadas para que protejan derechos de alto interés público y social que justifiquen la concesión dicha ventaja fiscal. Para ambos sindicatos, el mero hecho de aflorar un contrato de alquiler ya no debe ser motivo suficiente para que el propietario obtenga una elevada subvención fiscal. La función social de la vivienda implica reservar dicha bonificación para aquellas viviendas cuyo coste de alquiler se sitúe dentro de unos niveles económicos razonables y asumibles por la población que reside de alquiler en las zonas residenciales de mercado tensionado.
El escaso parque público con el que cuenta nuestro país en la actualidad no ofrece garantías para realojar a persona/as en situación de vulnerabilidad que se vean afectadas por un lanzamiento hipotecario o por impago de alquiler. Para frenar este tipo de desahucios, que vulnera la carta de DDHH, es necesario establecer medidas más restrictivas que las que se contemplan actualmente, basadas en una suspensión temporal del lanzamiento, con diferentes plazos según la condición del demandante (pequeño o gran tenedor).
Asimismo, hemos realizado enmiendas referentes al aumento del parque público de viviendas, demandando a su vez la cesión de todas las viviendas propiedad de entidades con participación y/o control público, entre ellas la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (SAREB); así como la construcción de nuevas viviendas de protección oficial.
En relación al Consejo Asesor de la Vivienda cuya creación prevé la ley y a la presencia en él de los agentes sociales, los sindicatos defendieron su carácter institucional y su presencia en el mismo como “organizaciones sindicales más representativas”, además de reclamar como función de dicho Consejo la de “crear indicadores de evaluación que permitan medir de forma adecuada e independiente si las ayudas y políticas públicas están siendo efectivas”.
Además de las enmiendas elaboradas por UGT y CCOO, ambos sindicatos han reclamado a los grupos parlamentarios la aceptación del paquete de enmiendas promovido por la plataforma “Iniciativa Ley Vivienda” en la que se integran, y de la que forman parte diferentes colectivos y asociaciones que luchan para que se garantice el derecho a una vivienda digna.
