El SUP exige el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que desautorice de forma inmediata a su socio de gobierno, Unidas Podemos, ante el ataque gratuito e injustificado al que ha sometido a la Policía Nacional su diputado, Enrique Santiago, presentando en el Congreso una proposición no de ley sobre el uso de pistolas táser en la que se cuestiona tanto la capacitación de los agentes para su uso como el respeto al principio de oportunidad y proporcionalidad que, según el texto de ese documento, debería investigarse después de cada uso de ese medio de protección.
Esta nueva falta de respeto a los profesionales de la seguridad pública -que son los mismos, por cierto, que escoltan a los dirigentes de ese partido y protegen sus domicilios, sin que hayan prescindido de ese servicio siguiendo esa desconfianza que muestra el diputado Santiago en su propuesta- requiere una declaración expresa del ministro del Interior en defensa de las decenas de miles de funcionarios que formamos parte de la Policía Nacional y de nuestras familias. Unidas Podemos demuestra, además, un absoluto desconocimiento de la realidad policial que resulta alarmante en un partido que ostenta responsabilidades de gobierno. En primer lugar, porque el uso de pistolas eléctricas es una práctica operativa policial extendida en todos los países avanzados y que, frente a lo que insinúa este político, garantiza mucho más la seguridad tanto de los policías como de los ciudadanos, al tratarse de una herramienta de trabajo no letal.
Además, el proceso mediante el que se ha aprobado su uso en Policía Nacional y la compra de las 1.000 primeras unidades, se ha basado en criterios técnicos y normativos que el SUP viene planteando desde hace años y que hemos incorporado en nuestras alegaciones a la resolución que permite su uso. En este sentido, no hace falta que Unidas Podemos reclame formación para el uso de esta arma no letal porque todos los elementos que forman parte de la equiparación policial -siempre ha sido así- requieren una preparación táctica a la que se someten los agentes y que, por cierto, es impartida siempre por los mejores especialistas de este país.
Reclamar, como hace este diputado, que el uso de las táser se somete a necesidades estrictamente operativas es otra grave falta de respeto que Interior debe desautorizar.
Y debe hacerlo porque implica poner en cuestión nuestro respeto a principios básicos de actuación que venimos aplicando al trabajo policial desde hace 34 años, cuando una Ley Orgánica, la 2/1986, los estableció como elementos rectores del trabajo de cualquier Cuerpo de seguridad. No necesitamos que un diputado nos enseñe a hacer nuestro trabajo y menos aún que lo ponga en cuestión públicamente.
Finalmente, y sobre la petición de que a cada uso del táser le siga una investigación interna sobre su uso, cabría recordarle al diputado que el principio de presunción de inocencia en este país también opera para los policías, aunque le cueste creerlo. Somos el colectivo funcionarial más sometido a escrutinio en nuestro trabajo porque suele ser público y, por tanto, valorable y analizable por los medios de comunicación social y el conjunto de la sociedad. Pero, además, nos sometemos a un código ético, a un régimen disciplinario y al Código Penal. Cuatro filtros, nada menos, que, estamos seguros, garantizan que nuestro trabajo esté mucho más auditado y controlado que el diputado de Unidas Podemos.
El Ministerio del Interior debe frenar este tipo de declaraciones e iniciativas que pretenden politizar la seguridad pública hasta niveles nunca vistos. Por ello demandamos una rotunda condena desde ese departamento y que el ministro Grande-Marlaska lleve al Consejo de Ministros una queja formal sobre la falta de respeto de su socio de gobierno.
