Para UGT y CCOO es incomprensible esta oscilación constante de mensajes y posiciones del Gobierno sobre cuestiones tan sensibles, que ni siquiera están recogidas en las recomendaciones del Pacto de Toledo votadas en el Congreso en noviembre de 2020.
Ambos sindicatos emplazan al Gobierno a cumplir, cuanto antes, lo pactado en el acuerdo del pasado julio, en las materias que aún están por desarrollar y advierten que, en ningún caso, van a admitir ninguna medida que implique un recorte en las pensiones, tal y como supone ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, que se ha anunciado.
El compromiso de una eventual ampliación del periodo de cálculo de las pensiones hasta los 35 años a finales de 2022, que produjo diferencias públicas dentro del Gobierno, no aparece explícito en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno debe responder y explicar su compromiso con la UE, además del sentido de la oportunidad que tiene en su política comunicativa o en la que acuerda con la Comisión Europea. Su habilidad para ponerse trabas a sí mismo es digna de estudio.
CCOO y UGT hemos manifestado con claridad que no compartimos la necesidad de un ajuste del gasto en pensiones mediante la ampliación del periodo de cálculo a 35 años. Debemos evaluar los efectos de los sucesivos acuerdos que hemos alcanzado en 2011 y 2021 corrigiendo la senda de recortes que se intentó establecer en 2013, hoy, afortunadamente, en la fase final de su corrección. El Gobierno tiene que explicar qué significa esta oscilación constante de mensajes y posiciones sobre cuestiones que sabe son sensibles.
UGT y CCOO conocemos bien cómo funciona y lo que significa actuar sobre el periodo de cálculo; a quién le reduce la expectativa de pensión y a quién se la mejora, así como sus efectos en cuanto a reducción de gasto en pensiones y las diferentes formas de corregirlo, pero resulta difícilmente comprensible que se coloque en el centro del debate una medida tan controvertida cuando el Diálogo Social y el Pacto de Toledo han demostrado su capacidad de intervención sobre múltiples aspectos del sistema de pensiones con el objetivo de mantener y reforzar su nivel de cobertura en el futuro.
En este momento hay aún problemas o cuestiones por resolver en algunas materias que quedaron pendientes de cerrar en el acuerdo suscrito por el Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME: el mecanismo de equidad intergeneracional; la cotización por ingresos reales del trabajo autónomo: la cotización de todos los jóvenes en prácticas no laborales; la equiparación de las pensiones de viudedad de parejas de hecho; o la mejora de la protección por enfermedad de personas con contratos fijos discontinuos en el campo o la de cuidadores de personas dependientes.
La segunda fase de la negociación tendrá como prioridades, para UGT y CCOO, abordar bases máximas, pensiones mínimas, entre otras medidas para mejorar la cobertura, reducir la brecha en materia de pensiones…
