El próximo martes 21 de diciembre se debatirá en el Congreso una Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular respecto a la Ley Orgánica de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En dicha Proposición reclama el cumplimiento de la cláusula octava del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 entre el Gobierno y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional.
Como se recordará, dicha cláusula estableció la obligación del Ministerio del Interior de impulsar las medidas legislativas que fueren necesarias para garantizar que en el futuro no se pudiera producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones.
Desde la firma de dicho acuerdo, sindicatos y asociaciones policiales han trabajado para exigir el cumplimiento íntegro de lo firmado, entre ellas la citada cláusula octava, además de la tercera, que establece que el Ministerio del Interior debe asignar la cantidad de cien millones por cada ejercicio presupuestario, para incentivar el reingreso del personal en Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo.
La Proposición de Ley del Partido Popular se produce, además, después de que hace tan solo unas semanas la Sala Tercera, sección cuarta del Tribunal Supremo, dictase una diligencia de ordenación por medio de la cual se admitía a trámite el recurso contencioso-administrativo que AUGC había interpuesto contra la inactividad de la Administración por el incumplimiento de lo previsto en la cláusula octava.
Días después, también el Supremo anunció la admisión a trámite de otro recurso de AUGC referido a la cláusula tercera. Lo establecido en ambas cláusulas es, por tanto, uno de los hitos y compromisos que se relacionan con el pleno e íntegro cumplimento del acuerdo como parte esencial del proceso de equiparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares.
Es evidente que cuando han transcurrido casi tres años de la suscripción del citado acuerdo el Gobierno ha incumplido lo acordado en las reiteradamente citadas Cláusula Octava y Cláusula Tercera del Acuerdo. Esto además de suponer una inactividad contraria al ordenamiento jurídico por parte del Gobierno, supone la consagración de una situación que está afectando muy negativamente a la plena equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares, al impulso de la modernización, a la mejora la calidad en la prestación del servicio y de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Ahora, tras las admisiones a trámite de los recursos contencioso-administrativo, la presentación por parte del Partido Popular en el Congreso de su Proposición de Ley constituye un paso más en la exigencia para que se cumplan dichas cláusulas.
En su diligencia de ordenación, el Supremo requiere “al Ministerio del Interior a fin de que en el improrrogable plazo de veinte días (…) remita el expediente administrativo correspondiente a la resolución impugnada“
