“Está tardando en dimitir y, sobre todo, en pedir perdón al compañero al que propinó la patada durante una protesta”

Una vez conocida la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que se condena al diputado Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridadsentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que se condena al diputado Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, desde la Confederación Española de Policía (CEP) realizan las siguientes consideraciones, teniendo en cuenta que la víctima de aquella agresión fue un compañero de la Policía Nacional.

1. La condena del diputado de Unidas Podemos les parece totalmente incompatible con su continuidad en el escaño. Al margen de consideraciones jurídicas, resulta intolerable que un represente de los ciudadanos en una alta institución del Estado, como el Congreso de los Diputados, se empeñe en mantenerse aferrado a su puesto cuando ya se ha confirmado que ha sido condenado por el Tribunal Supremo por delinquir al agredir a un policía nacional. Está tardando en dimitir y, sobre todo, en pedir perdón al compañero al que propinó la patada durante una protesta.

2. Les resulta llamativo que aquellos que tanto se empeñan en poner siempre en su punto de mira político a los servidores públicos -y en el caso de la Policía Nacional, al colectivo funcionarial que más sometido está a fiscalización disciplinaria y penal en todas sus intervenciones- sean incapaces de aplicarse esa misma exigencia en su ejecutoria como representantes públicos. Sin embargo, mucho nos tememos que se volverá a aplicar lo que coloquialmente conocemos como “ley del embudo” para acabar cuestionando al Tribunal y su sentencia, como se hace en otras ocasiones con nuestro colectivo.

   

3. La legitimidad de las instituciones, de todas, nace del respeto al principio de legalidad. La intervención de Policía Nacional en los incidentes durante los que el diputado propinó una patada a un compañero se produjo en el ejercicio legítimo de las misiones constitucionales que tenemos asignadas. Cuestionarlas, relativizarlas o desnaturalizarlas desde un discurso político irresponsable contribuye a poner en riesgo el principio de autoridad y el imperio de la Ley. Pero participar en agresiones contra servidores públicos que intervienen en defensa de esa legalidad es ir más allá y adentrarse en terrenos penales totalmente incompatibles con el ejercicio de una responsabilidad pública, sea del tipo que sea.