Entrevista de Digital h50 a Roberto García Juárez, Vicepresidente de la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil –APC, sobre la reforma de la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana y las reuniones/manifestaciones convocadas a finales de noviembre en protesta.
¿Por qué vais a la manifestación
La Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil la cual tengo el orgullo y honor de representar, no tiene ninguna preferencia política como no puede ser de otra manera y siempre hemos tenido el convencimiento que por parte de las instituciones como desde el propio Gobierno de España velarían por salvaguardar el buen trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Nos hemos quedado perplejos con el borrador de la reforma a la Ley de Seguridad Ciudadana ya que queda en el más absoluto desamparo laboral a todos los compañeros que tienen que hacer cumplir la ley y más si cabe, cuando era un clamor sindical y asociativo el endurecimiento en el código penal cuando se cometía un atentado contra cualquier agente de la autoridad, ya que se han dado casos y no son pocos, que partirle la cara a un Policía o un Guardia Civil le ha costado al agresor menos de 50 euros en pena de multa.
¿Por qué creéis que es un auténtico atropello al trabajo que realizan todos los Policías y Guardias Civiles en el ejercicio de sus funciones?
En primer lugar, los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están a favor de que se graven todas las actuaciones, dado que siempre se actúa conforme a derecho y lo que no es de recibo es que cualquiera les pueda grabar y hacer viral videos o fotos identificativos de dichos funcionarios en grupos privados de redes sociales, con las cuales pueden correr peligro dicho Policía o Guardia Civil, como cualquiera de sus familiares.
¿Qué proponéis para eliminar este párrafo del borrador de la reforma a la Ley de Seguridad Ciudadana?
Que se doten de cámaras a todos los vehículos a la vez que a todos los Policías y Guardias Civiles para que puedan ser grabadas sus actuaciones de principio a fin, con la fiscalización de dichos videos por la Autoridad Judicial.
En segundo lugar, se intenta quitar la presunción de veracidad en los atestados policiales a los agentes de la autoridad, quedando la palabra de dicho agente al mismo nivel que el supuesto investigado.
Habría que preguntarse de el porqué no se extrapola también a las infracciones administrativas.
En tercer lugar, se permitirían las manifestaciones, pacíficas, esporádicas sin previo aviso.
Habría que preguntarse si alguna vez se ha permitido alguna manifestación que alterara el orden público. En principio todas las manifestaciones son pacíficas hasta que dejan de serlo y si se permitiera sin dar traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo mismo no habría efectivos activos para disolver dichas manifestaciones.
Así podríamos seguir en cuarto lugar, quinto lugar, sexto lugar…
Con este borrador de la reforma a la Ley de Seguridad Ciudadana vemos que se quita el escaso principio de autoridad que quedaba a los funcionarios de las FCS y a la vez, se trasmite a la ciudadanía que las sanciones se moderan en su cuantía y otras bajan, con lo que se extrae que habrá muchísimas más conductas incívicas, pero a la vez menos protegidos aquellos funcionarios que tienen que denunciarlas ante la Autoridad Sancionadora.
¿Qué reclamáis?
La anulación completa de este borrador a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana e instamos a que en un futuro para reformas de tan gran calado para colectivos tan sensibles se tengan en cuenta la opinión de Asociaciones y Sindicatos de las FCS.
¿A quién creéis que perjudica más este borrador a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana?
A nuestros hijos con doble sentido.
Primero por ser hijos de funcionarios de las FCS y segundo porque la juventud tendrá un concepto de falsa libertad y libertinaje al ver denuncias irrisorias económicamente.
¿Qué conclusiones sacáis?
Que como dice mi padre, “si no cuidamos a los que nos protegen, apañados vamos”.
El principio de autoridad no se consigue siendo temidos por todos sino todo lo contrario, deben ser respetados en el ejercicio de sus funciones, pero la persona que no lo infrinja debe ser castigada contundente y proporcionalmente por los hechos que realice.
