Daniel Portero perdió a su padre, Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía, en el año 2000, después de que dos terroristas le acribillaran en la puerta de su casa de Granada. Desde entonces, este ingeniero de caminos convirtió la lucha contra ETA en los tribunales en un motivo de vida. Su acción y la de sus abogados está detrás de decenas de condenas de etarras y de colaboradores de la banda armada, lo que el propio portero denominó en un libro la trama civil de ETA. Ahora, su asociación, Dignidad y Justicia, se empeña en dar algún tipo de respuesta judicial a los 379 asesinatos de la banda sin resolver -a través de la imputación de los jefes de la organización y por medio de otras vías- y en ilegalizar a Bildu.
¿ETA ha roto una campaña electoral cuando parecía que ya estaba fuera del debate público?
La sociedad no está perdiendo el interés ni la sensibilidad, sino todo lo contrario. Afortunadamente los medios están muy interesados en contar lo que está ocurriendo con ETA, una banda terrorista que hasta hace muy poco se dedicaba a asesinar guardias civiles, concejales, policías, funcionarios de prisiones, niños y a todo aquel que se cruzara por el camino. Más de 800 personas han perdido su vida a manos de esta organización.
Muchos defienden que ETA ya no existe y que por lo tanto esto tiene unas consecuencias en los tribunales.
ETA ha desaparecido porque los propios etarras han dicho que se disolvían como banda. Pero nosotros nunca hemos dado credibilidad a los terroristas. Éstos han dicho muchas veces que abandonaban las armas y luego resulta que mantenían escondidos decenas de zulos con fusiles, granadas, artefactos explosivos. Han planteado treguas trampa para engañar a la sociedad. Para nosotros el fin de ETA no fue un momento concreto que marcó la propia ETA. El fin de ETA para nosotros concluye con la victoria completa de la democracia sobre el terrorismo.
¿En qué consiste esa victoria?
Esa victoria solo se conseguirá cuando se haya hecho justicia. De momento, hay 379 asesinatos de la banda sin autor conocido. Se trata de 379 personas cuyas familias siguen sin consuelo jurídico. Todos estos casos sin resolver podrían solucionarse si esos etarras que en muchos casos están en las listas de Bildu luciendo rostro dieran un paso adelante y colaboraran con la justicia. Estos último, por cierto, es una condición para recibir beneficios penitenciarios que no se está cumpliendo.
Ustedes luchan por ilegalizar Bildu.
Hemos pedido la ilegalización de Bildu porque entendemos que hay resortes jurídicos para hacerlo. Han presentado decenas de etarras, muchos de ellos condenados por delitos de sangre, en sus listas. Y esto no es algo nuevo, sino que ha ocurrido en elecciones anteriores. Hemos contabilizado más de un centenar de terroristas en los comicios previos al que enfrentamos ahora. Entendemos que esto es motivo suficiente para ilegalizar con base en la Ley de Partidos, que contempla este requisito como motivo para iniciar el camino. La Fiscalía lo rechazó porque decía que esto tenía que ocurrir regularmente y por eso hemos recopilado los casos de las elecciones previas. Aunque esto tenía que haberlo hecho el ministerio público. La ley nos ampara y por lo tanto no podemos permitir que unos asesinos se conviertan en alcaldes.
¿Está politizada la Fiscalía?
Creemos que en este caso podían haber sido más diligentes. Si hubieran querido, hubieran recopilado esos casos previos, hubieran indagado algo más de lo que lo han hecho, que ha sido nada, pues se han limitado a posicionarse sobre nuestra denuncia. Algo parecido ha pasado con las condenas de inhabilitación. Está claro que la Fiscalía no se ha parado a revisar caso por caso cada uno de los etarras que aparecen en las listas de Bildu. Ha tenido que ser una pequeña asociación como Dignidad y Justicia la que detecte estas inhabilitaciones aún vigentes para que la Fiscalía reaccione, eso sí, siempre bajo la orden de la Audiencia Nacional.
