Me llevé una alegría cuando confirmó que aceptaba ser entrevistado para h50. No suele ser muy habitual, es un gremio que normalmente no suelen aceptar este tipo de formalismos mediáticos. Es más, algunos dicen abiertamente que no quieren salir en medios de comunicación; pese a que su importancia dentro de una democracia es muy elevada, pues sus decisiones, en ocasiones marcan nuestro futuro; estamos hablando de la carrera judicial, de los jueces.
Lo ha sido casi todo en la judicatura española; quizás ni el mismo imaginara, a dónde llegaría cuando hace 32 años aprobó las oposiciones para juez.
Estamos hablando del magistrado juez don Eduardo de Urbano Castrillo, que ha sido durante 14 años, magistrado coordinador del Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, anteriormente destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y hasta hace poco era magistrado de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, hace 2 meses ha colgado la toga y, se ha pasado al ejercicio libre de la abogacía fichando por una de los mejores despachos internacionales de abogados de España, Kepler Karst con sede en el número 141 del Paseo de la Castellana, donde nos han citado para llevar a cabo este testimonio periodístico.
Don Eduardo, Vd. es una institución en la carrera judicial, cuando hace 32 años comenzó, ¿pensó alguna vez que pediría la excedencia y se pasaría a la empresa privada?
Bueno, para mí ha sido una sorpresa absoluta e inesperada, pero que me ha venido un momento muy interesante porque efectivamente, yo creo que ya he dedicado más de tres décadas de mi vida profesional a la judicatura, muy satisfactorias, pero quería otros retos y la verdad tenía ilusión por llegar al Supremo. Ha sido posible. Me voy, me voy tranquilamente a la vida civil, que creo que se puede hacer también muchas cosas.
Muy pocas personas como Vd. conoce, de verdad, “el mundo judicial” por dentro; y a tenor de los hechos que actualmente se están produciendo con los nombramientos del Tribunal Constitucional y del CGPJ, y teniendo en cuenta que su nombre sonó mucho para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y también como miembro del Consejo General del Poder Judicial, en 3 ocasiones, en la calle hay un clamor respecto a la politización de la justicia, ¿Qué opina de esta polémica?
Bueno, la politización de la justicia se produce fundamentalmente a la hora de los nombramientos de órganos constitucionales, pero no debería producirse a nivel de la judicatura, es decir, a nivel del nombramiento de jueces y magistrados para puestos de judicatura. Evidentemente que la posibilidad constitucional del Tribunal de Cuentas, Estado, etc., que son expresiones constitucionales, que son órganos políticos de los partidos, tienen algo que decir. Yo en eso no me meto. El tema es que se trata de politizar el funcionamiento de la justicia, que es otra cosa.
Pero ¿puede un ciudadano lego en Derecho, llegar a la plena convicción de que todo un señor juez imponga una sentencia por su ideología política, y no ateniéndose, en conciencia a lo que dice la ley?, porque esta conclusión es muy dura de asimilar.
Bueno, yo creo que eso no así, me va a permitir que discrepe. Yo creo que todos tenemos un, lo que se denomina un recognition, es decir, todos tenemos un conocimiento previo, una valoración previa de la vida, una forma de enfocar los asuntos. Pero los jueces, los tribunales, juzgan los casos de acuerdo a la ley que hay que aplicar y a las pruebas del caso, y por tanto tengo que negar la mayor, es decir, los jueces no dictan sentencias en función de sus convicciones. Eso no es justo. Si fuera así, se estaría hablando de delitos de prevaricación, que los hay, pero muy pocos. Por cierto, casi todos en la vía administrativa; prevaricación administrativa; judicial casi ninguno.
Pero podría caber otra conclusión, más demoledora todavía; que el ciudadano de a pie, que sabe lo justo del funcionamiento de la Justicia, pueda interpretar que los jueces y magistrados, están a las órdenes de los partidos políticos que los nombran, de hecho, el otro día un político, que ha estado en el Ejecutivo hace poco, en una tertulia de máxima audiencia así lo dijo, y aseguró que aceptaban el nombramiento de algunos miembros aún a sabiendas de que eran corruptos.
Lo que yo defiendo -y siempre he defendido- es la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad ideológica, la libertad de política hasta niveles máximos, porque es la esencia de la democracia y poder hablar, opinar libremente. Pero ya ese tipo de descalificaciones, ese tipo de comentarios, ya que me recuerdan un poco al barro, eso ya no lo va a centrar. Y quiero decir que probablemente la Fiscalía podría intervenir, ya que no así en más de un caso se vierten calificativos realmente inaceptables como es este caso que me está preguntando. Contra jueces y tribunales. Por entender que no gustan algunos.
Vayamos a mayores, ¿Cómo se le explica a quien no sabe nada de leyes, que el Tribunal Constitucional, máximo órgano de decisión, en según qué circunstancias jurídicas, pueda estar compuesto por personas que no son ni jueces, pero que supervisan sentencias dictadas por jueces?
Bueno, el Tribunal Constitucional, efectivamente hay que decir que es un órgano constitucional, no está dentro del Poder Judicial, no está integrado por los jueces y magistrados de carrera, para entendernos, sino por juristas, juristas que pueden ser abogados, fiscales, profesores universitarios, funcionarios. Y esta es la Constitución. Me parece muy bien. Por otro lado, realmente ellos no corrigen sentencias de los jueces. Ellos simplemente examinan si ha habido una vulneración de alguna garantía o derecho constitucional que es diferente. Y bueno, pues algunos, algunos casos porque no hay ninguna actividad humana perfecta. Es decir, es cerca del 95 por ciento aproximadamente de los recursos de amparo contra sentencias se admiten a trámite más de un 95 por ciento. El resto se examinan y en algún caso, y en algún aspecto concreto se dice y se da lugar, como es lógico. Pero yo, en general, en mi opinión, no sé si les voy a cuestionar. Viene cumpliendo una función buena en los últimos años.
Y toda esta polémica, y el ruido creado, no cree que contribuye a que la gente desconfíe de la justicia en general? En este sentido, los políticos tampoco ayudan mucho, toda vez que nunca critican las sentencias judiciales, salvo cuando no les conviene.
Bueno, según los conocimientos estadística que se han hecho, etc. La percepción de la sociedad española retrospectiva es bastante positiva con respeto a la justicia. Yo he tenido la oportunidad de hacer cooperación judicial internacional durante una serie de años. He viajado por esos países de América y Europa; estuve en Albania, estuve en Rumanía, estuve en Bulgaria, bastante. Estuve dos años trabajando para el Código Procesal Penal de los búlgaros, miembro de un grupo de expertos europeos. Y hay que decir que la justicia española -en la Judicatura en concreto- tiene bastante prestigio en general.
Realmente, corrupción, termino corrupción; lo que todos entendemos en España, no se da. Aquí no ha habido casos de jueces condenados por enriquecerse o por quitar sentencias al dictado de un partido, una empresa o grupo de cualquier clase. O sea que yo creo que ahí estamos algo mejor parados; respecto a otras prevaricaciones, fundamentando administrativas a nivel de municipio local; hay más sentencias en ese plano.
En el plano autonómico, por ejemplo, también ha habido algún presidente o consejero de autonomía condenado, incluso un ministro de Gobierno que también ha ocurrido. Y me parece muy saludable, porque decir que la ley es para todos y el principio de igualdad se aplica en el sentido de que la ley es la misma para todos. Luego dependerá de cada caso, las pruebas que haya, etc. O sea que yo en este aspecto no veo los especiales problemas más allá de la percepción, -que en general- es bastante positiva. O sea, efectivamente, los ciudadanos confían en la justicia. Quizá confían también en la policía. También salen bastante bien en las encuestas y en cambio, no confían tanto en los políticos ni en los partidos políticos, ni en otras instituciones. Confían mucho en la familia, también muchísimo. Bueno, pues yo creo que son perspectivas saludables porque obedecen a la realidad.
Hay otros modelos, por ejemplo, en EEUU, donde los nombramientos de los miembros del Tribunal Supremo son vitalicios y sin límite de edad; ¿Cuál sería su modelo ideal de gobierno de los jueces y fiscales? ¿Alejaría a los políticos definitivamente de cualquier decisión en sus nombramientos, y de ser así, cree que eso sería posible?
Pues vamos a ver, yo creo que hay dos cosas. Una, el Consejo General del Poder Judicial; yo soy partidario del modelo natural, que es el que se extrae de la Constitución una lectura bastante simple y literal. Es decir, que, de los veinte, doce fueron nombrados por entre los jueces por los jueces, y ocho por las asambleas políticas, por las cámaras de cámara legislativas. Ese sistema sería mejor, en mi opinión, porque proporcionaría un elemento reforzado de independencia de un órgano que, por definición, debe ser independiente.
Es que es el único de los tres poderes que; o es independiente, o no tiene razón de ser, porque el Gobierno emana del Parlamento y el Parlamento y el Gobierno están formados por políticos, por partidos políticos, con el aval de los ciudadanos. Pero el Poder Judicial no debería estar contaminado por cuestiones políticas, o debería estar en manos de profesionales vocacionales, bien preparados en Derecho, e independientes y con independencia de que cada uno tenga su forma de pensar. Porque no somos minerales ni animales, somos ciudadanos, somos seres humanos, tenemos nuestra forma de ver la vida y de ver las cosas. Pero eso un juez debe resolver caso a caso en función de la ley, interpretando el fondo y con las pruebas del caso.
Cambiemos de tema, y vayamos a otra polémica: ¿Cree que una persona que viene de la carrera judicial, después de ser ministra de Justicia nombrada por un presidente de Gobierno, pueda ser nombrada fiscal general del Estado por un Gobierno con el mismo presidente?
Bueno, yo creo que ahí los nombramientos entre los altos cargos en España, por el tema de la contaminación está claro que hay dos cosas. Una, es los requisitos, cumplir los requisitos. Aquí hemos tenido un fiscal general del Estado que fue anulado su nombramiento por no cumplir los requisitos; que yo creo que los cumple la actual fiscal general del Estado. Sin embargo, otro tema es la idoneidad para el puesto, pues efectivamente podría haberse nombrado de otra manera, a otra persona, quizá porque es dudoso que pueda ser la más idónea para el cargo. Pero más allá de que sea dudoso, se puede decir poco porque el nombramiento ha sido fiscalizado por el Tribunal Supremo.
¿Pero entenderá que es algo difícil de entender teniendo en cuenta que el estatuto fiscal intenta proteger la autonomía de la carrera respecto al Gobierno que lo nombra?
No han entrado al fondo realmente, porque han estado en temas de legitimación de ese tener o no tener legitimación. A los que interpusieron el recurso les han dicho que no tienen legitimación y no entra en el fondo, perfecto. Es un tema debatible. Yo también tengo mi opinión en torno a la persona más idónea, pero bueno, tampoco es ilegal mi opinión, y eso es lo que puedo decir. No puedo decir más.
¿En contra de la opinión demagógica generalizada de que cobran mucho, hay quienes pensamos que los miembros de la carrera judicial están muy mal pagados para la responsabilidad que ejercen, sólo hay que ver los sueldos que tienen en otros países, cree que hay que mejorar los salarios de los jueces y fiscales?
Son manifiestamente mejorables. Yo he participado en bastantes actividades académicas y publicaciones de todo tipo, actividades semejantes en libros, etc. Y lo he dicho y lo sigo diciendo; los dos grandes problemas de la Judicatura en general en España son la falta de medios -que habría que dotarlo de más medios- y el que estoy observando- desde hace mucho tiempo, que la mayoría de las leyes y de reformas legales, en vez de ir a más independencia judicial, que es lo más garantista para la ciudadanía, pues siempre tratan de restringir, o de limitar y ambas cosas son fundamentales.
Y, ¿el tema de los medios? Hay quien opina de otra manera. Creen y dicen que no es tan importante, que sería más importante leyes que fomenten la mediación, los acuerdos. Es decir, que tratan de atacar el tema de la excesiva litigiosidad, pero es la que tenemos, y somos un país mediterráneo con toda esta problemática. Las leyes de arbitraje y mediación no acaban de funcionar, porque otra cosa es tener una reserva a la que puedan acudir los tribunales. Entonces por mi experiencia, los últimos años con 8, 9, 10 millones, de asuntos nuevos cada año. Y eso para la el número de jueces es muchísimo. Por mucho que se diga que no, pues yo creo que el que seguimos necesitando más jueces porque se tarda mucho en los procesos, se tarda demasiado tiempo en general en los procesos, de todos los procesos complejos.
Uno de los reproches habituales que se le hace a la Justicia es el retraso en la resolución de los casos, de hecho, estamos viendo ahora, sentencias por casos de corrupción de hace más de 12 años, ¿ocurre lo mismo también en otros países occidentales? ¿Tiene, esto, solución?
Vd. conoce perfectamente también, por su trayectoria profesional y personal, que los enjuiciamientos de los delitos, la investigación primero y luego el enjuiciamiento y conclusión de los procesos penales es muy complicado, muy laborioso.
Evidentemente, una de las partes no va a colaborar si puede sustraerse a la acción de la justicia. Si puede recurrir, recurre todo lo que tiene que recurrir con pruebas, etc. Las cosas en el proceso penal no son nada sencillas, porque una de las dos partes no tiene ningún interés, o más bien, lo contrario. Pues voy a insistir. Es que no puede ser que hayan puesto los objetivos que hay para casos de complejidad que se alargan. Usted ha hablado de hace 12 años, pero es que yo he visto casos de 20 años, por ejemplo, uno de mis últimos casos. Fue una persona, que fue detenida en Abu Dabi por un delito fiscal cometido el año 2001. Es decir, lo trajeron a los 20 años de los hechos. No estaba prescrito porque la prescripción no es simplemente el transcurso del tiempo, sino lo que tiene que ver con paralizaciones. Si no ha habido paralizaciones, la causa no ha prescrito. Bueno, pues esta persona fue juzgada, condenada e ingresó en prisión veinte años después.
Me parece deplorable, por cierto, que una condena de menos de un año y medio. Porque hay otro mantra por ahí, que dice que con menos de dos años de condena no se va a la cárcel, no es cierto, yo lo he visto, en más de un caso que se va, porque esto es económico; si no pagas, pues ¿algo habrá que hacer con ese ciudadano que ha supuesto un gasto, un gasto ingente de recursos públicos, etcétera, no?
Que la justicia tarda mucho en llegar es en muchas veces por él, porque se ha fugado, etc. y que realmente al final si ni para salir de la cárcel, se somete, ¿a qué sirve todo esto? es muy fuerte.
En mi opinión, cuando no pagas en temas de método fiscal, -tenía una multa de dos millones de euros por los impagos y menos de 2 años en prisión-. Y era un drama porque este señor estaba allí, que estaba divorciado, tenía hijos de adolescentes que… Eso es lamentable, eso no se puede, no se puede tolerar, es la mayor de las injusticias. Las causas tienen que juzgarse en un plazo razonable, no digo yo estar ahí, y ya; pero en un plazo razonable y que haya algunos casos y medidas que hablan de meses. Algunos casos habrá, pero los resultados de cierta dificultad, tardan bastantes años.
Cambiamos de tema; como bien sabe, este periódico h50 tiene un gran número de seguidores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la seguridad privada, así que le vamos a pedir su opinión sobre temas recurrentes que afectan a estas profesiones …. ¿El Estado y las fuerzas de seguridad -desde su experiencia- tienen los medios materiales y número de efectivos necesarios para los delitos de ciberseguridad?
Bueno, antes de las preguntas que usted hizo, no llegué a completar la respuesta sobre el tema de los salarios y los medios. Pues efectivamente, yo creo que los jueces, los fiscales, pero no solamente los jueces, fiscales, también los médicos del sector público, y los miembros de las fuerzas de seguridad por la labor que hacen tan importante para el Estado. Yo creo que podrían mejorar sus retribuciones. Me parece que no habría mucho que discutir, porque se lo merecen, pero no creo que tengan las retribuciones altas.
Hay muchas por vocación y la actitud de servicio público. Pero en cuanto a la formación del Estado, tampoco conozco poco. Tampoco he estado en las interioridades, pero efectivamente creo que ha mejorado con sus medios, porque yo he conocido la época mía de juez de instrucción, que digamos, íbamos en unas cuatro latas de la Guardia Civil en aquella época, que para el campo era muy adecuado, pero no para perseguir a los malos con esos medios policiales.
Ahora los vehículos son de otra gama, y se decomisan, también de fondos, que hace que haya, por ellos, embarcaciones, aeronaves, vehículos de cierta potencia. Creo que ha mejorado mucho, pero bueno, quizás el problema es lo que alguna vez me dijo alguien, que el problema de los colectivos profesionales numerosos es que cualquier subida a cualquier clase de material es un dineral, lo que supone; bueno, pues a lo mejor lo que hay que plantearse es en queremos invertir, porque probablemente como ciudadanos muchos diríamos, pues yo no invertiría en esto. Creo que es más importante todo eso. Es una cuestión de la clase política. Y ahí ya no podemos ir más allá.
Los sindicatos de Policía Nacional y las asociaciones de Guardia Civil están en pie de guerra por la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Qué opina de esa ley?
Estoy de acuerdo con el planteamiento, pensemos en la policía de Estados Unidos, pensemos en la policía de muchos países de Europa, de la Europa democrática. Debemos intentar, trasladar que somos democráticos, pero evidentemente nada que ver con la forma con que actúa esa policía en general y la protección que tienen y la comprensión que tienen también, porque tiene una protección judicial y una conciencia ciudadana muy grande. Aquí somos como somos, y en criticarnos todo.
Pero desde luego yo, que he tenido bastante contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad muchos años, había visto durante muchos años. En realidad, me parece que cumple una función realmente muy importante, muy positiva. Ha mejorado muchísimo su formación, muchísimo. La Escuela de Ávila hace una gran labor porque los cursos de formación que se hacen también parece que les hacen subir a un nivel bastante elevado.
Yo condené a la policía, pero por excesos policiales, por cometer el delito de lesiones, por materia de torturas. Pero, ¿Cuántos en mi vida profesional, con miles de casos?, yo voy a contarlos con los dedos de una mano. En todos los colectivos pasan cosas, pero más allá de eso, no veo que sea necesario cambiar esa ley. La conozco bastante bien, pues sirve para retirar apoyo de la policía y facultades para su trabajo profesional, que es un beneficio para la ciudadanía.
La seguridad es un vector del Estado democrático; libertad sin seguridad no se puede hacer. Por tanto, para que seamos libres tendrá que haber unos mecanismos de seguridad mínimos. Se pueden criticar algunas cosas y verlas, de acuerdo. Ahora hay cosas que estoy viendo y que me llama mucho la atención, por ejemplo, que se podrán hacer manifestaciones espontáneas siempre sin pedir permiso ni nada. Es decir, que salimos aquí, salimos de esta estancia, estamos allá abajo. A lo mejor no podemos, no podemos seguir, porque han decidido unos ciudadanos hacer una manifestación, ¿sin comunicarlo?, ¿y la ley lo quiere, quiere legalizar eso?, me parece un disparate único. Es que es un sin sentido común, porque el derecho de manifestación es muy importante, pero tenía que conectarse con otros derechos por el Derecho, la deambulación y el Tribunal Constitucional precisamente al declarar inconstitucionales que no ilegal – ¡que es bastante serio eh! – un estado de alarma que dio fundamentalmente lo dicho porque se privó del derecho de deambulación a los ciudadanos sin suficiente justificación.
Es el derecho a movernos, desplazarnos en buena parte, luego el otro fue porque se cerró el Parlamento, no hubo control ninguno y muchas veces se podrá establecer mecanismos de control asegurando la medida de seguridad y sanidad que sean necesarias, pero solamente porque no haya control en un Estado democrático. Y yo creo que eso es un poquito peligroso. Aparte y más cosas ahí, muy discutibles. Yo la verdad, creo que es una ley; yo tengo opinión como ciudadano, en plena libertad, que está demasiado ideologizada, y que realmente no atiende el fundamento de atender la seguridad, la seguridad ciudadana, suficientemente.
A quienes opinan que la normativa que regula la figura del agente encubierto, no sirve para nada y no les protege en absoluto, ¿Qué les diría? ¿Cambiaria su regulación jurídica?
Pues yo en cambio, no tengo esa percepción. Cuando me he enfrentado a este fenómeno, esa figura, es muy importante para la investigación criminal que tiene la tutela del Estado. Evidentemente no permite cometer delitos. O sea, un agente infiltrado no puede matar, robar, extorsionar, porque son delitos. Ahora habrá que comprender de forma proporcionada lo que ha hecho en una situación de emergencia y valorarlo naturalmente de forma distinta, en particular, obviamente, pero tampoco puede ser que patente de corso para infringir la ley.
Entonces, entendiendo muy bien esto y valorando el papel que hacen, lo han hecho en temas de terrorismo y en otros temas de bandas organizadas, etc. Yo la impresión que tengo, la referencia que tengo es positiva. O sea, no, no conozco esa problemática tan a fondo. Lo tengo que decir así.
Los integrantes de la seguridad privada llevan años reivindicando la condición de agente de la Autoridad en casos en los que se atenta contra su integridad o su vida, en el ejercicio de sus funciones, ¿estaría de acuerdo con reconocerles esa condición.
Esta dinámica, bueno, el concepto autoridad está definido a nuestros efectos en el artículo 23 del Código Penal, quien es el que ejerce funciones públicas, y se ha ido ampliando cada vez más. Todo el que ejerce funciones de carácter público, pues va reclamando, se le va concediendo el concepto de autoridad o de funcionario, es decir de agente de la autoridad dependiente de, a su vez, de otras autoridades.
Entonces yo creo que se va a conseguir igual que los de funcionarios de prisiones, igual que los médicos de la sanidad pública, también los profesores de administraciones públicas, pues van teniendo y se da esa concesión que tiene una cosa muy positiva que es reconocer una tutela, una protección si son atacados, porque las funciones de autoridad son muy importantes, una sociedad sin autoridad… ese sería el reino de la anarquía, y la autoridad hay que ejercerla en todo los niveles, los padres con los hijos, los profesores con los alumnos, en todas las zonas de la vida en que la autoridad es necesaria, pero sólo los que la tengan que ejercer. El resto tenemos que actuar con libertad. No puede haber ahí terceros que nos quieran imponer lo que no pueden imponernos. Entonces tampoco lo hace mal. Y creo que también hay que tutelar. Porque, claro, no es lo mismo un delito de lesiones a un particular que un delito de atentado o un miembro de la policía, porque la policía lo dice la función pública, que tiene mayor trascendencia en principio que lo que hace un particular.
¿Muchos policías piensan que los jueces no se toman en serio las denuncias por atentado, resistencia y atentado contra los agentes de la Autoridad, que les diría a los que así opinan?
Bueno, yo creo que debe ocurrir como en todos los sitios donde hay mucha gente, que hay gente para todo. Yo te lo digo por lo que decía anteriormente. Tengo un concepto importante y positivo de las fuerzas de seguridad del Estado. Tengo bastantes oportunidades de juzgar casos de ese tipo y hemos condenado sin ningún problema. Cuando hay un atentado, pues porque antes lo comentábamos, en otros países u estados es, que no te lo planteas el enfrentarte a un guardia, se podrá denunciarlo, por supuesto, pero resistirte o agredirle, en fin, si eso se produce, condenarlo, evidentemente. Y bueno, pues ahí están los dos tipos de atentado, resistencia grave y menos grave. Bueno, la legislación está bien y yo de nuevo creo que se está aplicando luego la aplicación.
Ahora, ha sido Vd. fichado por una de los mejores despachos de abogados de España, Kepler Karst, que tiene oficinas además en Las Palmas, en Londres y aquí en el Paseo de la Castellana de Madrid, lo ha fichado para dirigir su nuevo Departamento de Penal y Económico. ¿Cuáles son sus planes a corto y medio plazo? ¿En qué consistirá exactamente su nueva labor?
Pues vamos a ver, un par de cosas; lo primero es que estoy volviendo a valorar, pero ahora mucho más, la importancia de la vida privada, la vida de los ciudadanos y de la iniciativa privada. Cada vez lo tengo más claro, que la sociedad tiene que funcionar en base a los ciudadanos, a sus proyectos, sus negocios, sus ideas y el Estado está para ayudar, para proponer, no para poner trabas ni para ejercer demasiada autoridad; la justa, para que haya un marco de desarrollo normativo de libertad y cada uno haga lo que considere que debe hacer.
Eso me estaba siendo muy claro, porque estoy viendo un enfoque distinto del delito; ahora, para mí ya no hay tanto delito como que hay problemas; problemas de las personas que hay que abordar y ver; y defender en la medida que se pueda.
Detrás de un delito, muchas veces hay una falta de control, una necesidad que ya se ha satisfecho indebidamente, y que es otra forma de ver las cosas. Y la idea de este despacho, pues es ayudar a afianzarnos, a que crezca el Departamento de Derecho Penal y Económico, atender a los problemas que puedan tener empresas y ciudadanos relacionados con temas económicos y temas de actividad, en general, de negocios, darles un asesoramiento para que ese tipo de confianza en los colegas, puedan tener en su caso, defenderlos tanto como a los querellantes y para reclamar, cuando son acusados, para defenderlos y darle la mejor defensa posible, siempre de acuerdo con la ley y las pruebas del caso, naturalmente.
O sea que realmente estoy muy animado y esperanzado de que esta nueva etapa vaya muy bien.
Y también estoy detrás coordinando un libro sobre los notarios, que es muy interesante, porque el notario se ha convertido en un personaje fundamental de la vida pública y de los negocios privados. Están en multitud de transacciones inmobiliarias, de negocios, en temas de herencias, sucesiones y han pasado de ser personas intocables a desfilar por los tribunales como testigos acusados, incluso como condenados en un caso.
Pues muchísimas gracias por su entrevista, don Eduardo.
Autor: Javier Rodrigo Ordóñez | Inspector de Policía Nacional. Portavoz de h50
@JaviRodrigo11
