Se está elaborando un borrador de la nueva normativa por parte de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica de Murcia.
Para la elaboración del borrador se ha tomado como referencia las ordenanzas que tienen otras ciudades como Alicante, Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia.
Esta medida pretende acabar con los “servicios” que ofrecen los gorrillas a las personas que conducen sus vehículos, como limpieza de parabrisas, venta ambulante como Kleneex o mecheros y la de aparcacoches.
La Concejalía que dirige Eduardo Martínez-Oliva ha confeccionado el borrador de la ordenanza reguladora de actividades o conductas en el espacio público del municipio de Murcia.
Todo ello “en el afán de atender las necesidades que nuestros vecinos nos demandan en el día a día y dotar de las herramientas legales adecuadas para establecer el correcto marco de seguridad jurídica de todas las actuaciones de esta administración, hemos elaborado el texto de esta nueva normativa”.
El objetivo es garantizar el derecho de las personas a poder transitar sin ser molestados o perturbados contra su voluntad y garantizar la libre circulación de personas y la protección de menores.
De esta forma se quiere evitar la coacción y el acoso que impiden la libre circulación de los ciudadanos por espacios públicos.
La Policía Local requerirá en un primer momento que desistan voluntariamente, si no lo hacen, podrán ser sancionados económicamente y como última opción se les podría remitir a la autoridad judicial por desobediencia.
La multa sería desde una sanción leve que va de los 750 euros a la muy grave que podría llegar a alcanzar los 3.000 euros.
Se les podrá intervenir el dinero obtenido de estas prácticas.
Lo novedoso de esta normativa, es que los agentes de Policía Local podrán decomisar los medios empleados para desarrollar sus conductas antijurídicas, así como los beneficios obtenidos, incluido el dinero.
El dinero decomisado se pondrá a disposición de la autoridad policial competente. Tras ser dictada resolución firme y tras dos meses sin que el titular haya recuperado los objetos, se destruirán o se entregará gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con fines sociales.
El concejal ha explicado que hacía falta una ordenanza específica que ampare la actuación policial y establezca las conductas prohibidas y su régimen sancionador.
El borrador está pendiente del informe de los Servicios Jurídicos y podría entrar en vigor antes de fin de año.
Noticias relacionadas.
