Dos empresas de la zona de Barcelona están bajo sospecha de la Guardia Civil después de haber descubierto graves irregularidades en la gestión de residencias caninas para ganar dinero gracias a las licitaciones con ayuntamientos de toda Catalunya. Un total de 50 consistorios eran clientes de estas empresas, aunque desde los municipios se desconocía cómo funcionaban. Una denuncia de la asociación animalista FADA de Barcelona ante la Fiscalía —y después de no ser escuchados por la Generalitat— abrió una investigación que ha sido liderada por el Seprona de la Guardia Civil. Esta primicia la publica ElCaso.com con todo lujo de detalles.
Continua el citado medio que la investigación ha revelado que estas empresas, responsables de la recolección de animales abandonados, formaban parte de una red criminal dedicada a la recolección clandestina de cadáveres de animales muertos, al maltrato animal y a la falsificación documental. Las residencias implicadas, además de proporcionar refugio a los animales abandonados, gestionaban la incineración de los cadáveres, pero no cumplían los protocolos legales de trazabilidad requeridos por la normativa, lo que generó sospechas de manipulación de pruebas. Según las investigaciones, se descubrió que los responsables de las residencias sacrificaban animales injustificadamente y que algunos cuerpos eran destruidos para ocultar evidencias de maltrato, todo ello con el objetivo de aumentar los beneficios del dinero que recibían a través de las licitaciones de los ayuntamientos.
Los consistorios, que desconocían las irregularidades, habían contratado los servicios de estas empresas para el traslado de los animales abandonados, sin darse cuenta de las condiciones inaceptables en las que se mantenían. Además de las denuncias por maltrato, la investigación también ha revelado falsificaciones de documentos y el almacenamiento ilegal de cuerpos de animales en naves industriales.
