El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la Confederación Española de Policía –CEP– en la demanda interpuesta para denunciar la inactividad de la Dirección General de la Policía en la concertación de un seguro que cubra las responsabilidades de los miembros de la Policía Nacional en las indemnizaciones y fianzas que se les reclamen como consecuencia de su labor profesional.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del día siete de febrero, no sólo censura esa negativa persistente a no desarrollar un derecho profesional de todos los policías nacionales previsto en su normativa de referencia desde hace ocho años -la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, prevé su existencia en el artículo 13.2- sino que fija un plazo de dos meses para que la Administración inicie el procedimiento para hacer realidad ese seguro de responsabilidad civil.
La sentencia, primera y única en el ámbito de la Policía Nacional, llega en un momento clave porque CEP viene impulsando desde hace meses la campaña “Tiene Delito”, que denuncia el intolerable aumento de agresiones a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y que ha tenido en los últimos días una trágica constatación con el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) a manos de narcotraficantes que pretendían eludir su detención en las aguas del puerto de ese municipio.
En este sentido, hay que recordar que en 2022 se registró en Cádiz la cifra más alta de delitos de atentado en nueve años, con 485 infracciones penales de las que 342 (el 70,5%) tuvieron a policías nacionales como víctimas y el resto, otras 143, a guardias civiles; y en 2023 esa cifra se ha mantenido en un nivel de intensidad similar. Por otra parte, en el periodo de vigencia del Plan Especial de Seguridad en el Campo de Gibraltar, entre julio de 2018 y 2023, casi 200 compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil han sido víctimas de ataques por parte de miembros de mafias de tráfico de drogas.
La victoria judicial de CEP en el Tribunal Supremo, primera y única en el ámbito de la Policía Nacional, obligará al Ministerio del Interior a acometer los trabajos para la licitación de ese seguro de responsabilidad civil, que también se contempla en la normativa de Guardia Civil. En este sentido, CEP hace un llamamiento a la Secretaría de Estado de Seguridad, que es el órgano del que depende la Subdirección General que debe materializar una contratación conjunta de ese seguro para ambos Cuerpos, para que incluya en el plan anual normativo de 2024 un Real Decreto que desarrolle ese compromiso normativo que ahora obliga a ejecutar el Tribunal Supremo. Si no se activan ya esos trabajos en el plazo de dos meses, CEP instará una ejecución forzosa de la sentencia y, en su caso, cualquier otra medida judicial que establezca las responsabilidades personales por la negativa a llevar a efecto esa resolución.
