El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha enviado hoy un oficio a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en respuesta a la consulta planteada por esta en relación con la sentencia condenatoria al diputado del grupo parlamentario Unidas Podemos Alberto Rodríguez.
El escrito se ha remitido a través de la Presidencia del Tribunal Supremo y comienza con un varapalo; el Tribunal Supremo no está para “asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme
En el escrito reitera la condena impuesta a al Diputado autor de un delito de atentado a agente de autoridad (1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de condena, sustituida por pena de multa de 90 días con cuota de 6 euros) y descarta cualquier error por el hecho de mantener la vigencia de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Del mismo modo aclara que la pena de prisión es el desenlace punitivo asociado a la conducta que se declara probada, sin perjuicio de que a efectos de su ejecución (solo a estos efectos exclusivamente) se haya acordado su sustitución por la pena de multa.
