La Brigada de Investigación Tecnológica de la Jefatura Superior de Policía de Madrid es la encargada de la investigación del suicidio de Verónica.
Verónica, se quitó la vida después de que un vídeo sexual que grabó hace seis años se hiciera viral entre sus compañeros de trabajo en la empresa IVECO con sede en San Fernando de Henares, Madrid. Tenía a dos hijos.
No pudo con la presión. La empresa es relativamente pequeña, mas de 2000 trabajadores y ese es el entorno delictual. Es un “pueblo” delimitado, donde se ha desarrollado la actividad delictiva que, en principio, motivó el suicidio de Verónica, una víctima del acoso.
El posible delito se cometió de móvil a móvil y móvil a grupo. Las responsabilidades penales se hallan en los terminales de los trabajadores de la empresa y mas concretamente en el mundo de las comunicaciones de esos terminales.
Son delitos dentro del ámbito informático, que la brigada analiza y desmenuza.
La labor es ardua:
1º.- Clasificar a cada usuario del terminal con su número, los grupos de mensajería…
2º.- Solicitar a las compañías las redes información de flujos de llamadas y mensajería instantánea.
Descifrar y cuadrar cada comunicación hasta llegar al autor origen de la difusión y autores que ayudaron a difundir.
Están empezando, lleva su tiempo, no tardaremos en ver resultados.
Delito.
Salvo otros posibles resultados de la investigación, lean:
197.7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.
