Después de tres semanas siguen las manifestaciones multitudinarias en Francia al grito de “libertad” en más de 160 ciudades, Paris, Estrasburgo, Burdeos, Marsella, Toulouse, Niza, Nantes, Montpellier (600.000 ciudadanos según los manifestantes y 200.000 según la policía), contra el certificado sanitario impuesto por el Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron, al que acusan de imponer una dictadura sanitaria.
Un “salvoconducto de la vergüenza”, para acceder al interior de los establecimientos públicos, como bares, restaurantes, cines y teatros, aprobado por el Parlamento francés después de seis días de debates en la Asamblea Nacional y el Senado, que entrará en vigor el 9 de agosto, si no lo remedia el Consejo Constitucional de Francia que previamente emitirá su decisión mañana 5 de agosto. Eso es celeridad y eficacia jurídica, no la de nuestro TC que tarda más de un año en pronunciarse sobre la vulneración nuestros derechos y libertades fundamentales.
Dicho Consejo tiene la última palabra para salvar nuestros derechos humanos y acabar con el autoritarismo, dado que Francia siempre se caracterizó en liderar la lucha por la libertad. Mientras, en esta España inerte a toda lucha, el salvoconducto de la vergüenza (pasaporte Covid) se exige desde hace más de diez días en Galicia para entrar al interior de toda la hostelería. También Andalucía lo exigió anteayer sin aval judicial para entrar al ocio nocturno (pubs y discotecas), aunque ayer plegó velas y pidió su autorización después de las protestas del sector hostelero y de Vox. Rectificó sin rubor alguno. Otras CCAA han pretendido esa y otras restricciones de derechos, pero los Tribunales Superiores de Justicia con mayúscula se lo han impedido.
A tal respecto, Ruiz-Quintano hace un hoy en ABC una buena definición sobre algunos caciques autonómicos “En la vida de Saint-Just la libertad pasó como una tormenta, y en la nuestra, como un afilador gallego de Feijóo, político que tiene de la libertad la misma idea que un rodaballo de alberca y que habla de ella como Lilith Vestriynge de la Monarquía. Moreno, el andaluz, que una vez emocionó a Arenas poniendo copas, chapa la madrugada de Marbella: << ¡Gunillas y De Moras! A dormir>>”.
Así las cosas, el TSJ de Canarias le dio un varapalo al gobierno de las islas, citando la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como la del TED Humanos, que consideran que los datos de salud están comprendidos dentro del derecho a la intimidad, art. 18 CE, señalando además que “los hosteleros no pueden pedir a sus clientes sus certificados sanitarios, dado que la vacuna no es obligatoria (…), además de no estar habilitados por la medida como controladores de la salud pública”. Es decir, los hosteleros o camareros no conforman la pretendida policía sanitaria, ni son espías o chivatos de bar.
En el mismo sentido se pronunció la Agencia Española de Protección de Datos que, además de remitir un requerimiento de información a las comunidades autónomas de Canarias y Galicia advirtiendo de la posible ilicitud en el tratamiento de los datos personales al solicitar el certificado Covid en el interior de la hostelería, señaló sobre su legalidad que “debe tenerse en cuenta que la vacunación no es obligatoria, que hay colectivos que no pueden recibir la vacuna por razones médicas o de otro tipo y que, en último extremo, el proceso de vacunación se basa en unos criterios de priorización que suponen que parte de la población aún no haya podido acceder a la vacuna”.
Por otra parte, como casi siempre, el Gobierno de Sánchez, después de recalcar su rechazo al certificado para acceder al interior de la hostelería y manifestar sus grandes dudas sobre la legalidad de la medida, ahora dice que lo estudiará en septiembre.
A tal respecto, como ya me he pronunciado reiteradamente en anteriores artículos, la solicitud de cualquier certificado médico para acceder al interior de la hostelería es en mi opinión claramente inconstitucional, al menos, por los siguientes motivos: a) Vulnera flagrantemente el derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental recogido en el artículo 18 CE, a lo que hay que sumar que los certificados médicos sobre vacunación forman parte de la historia clínica del paciente. Ni siquiera un abogado, procurador o familiar puede acceder a esos datos sanitarios sin poder notarial especial o autorización expresa del paciente. Precisamente, el TSJ de Galicia, Sala de lo Penal, ha decretado recientemente juzgar por tercera vez a una empleada del SERGAS por acceder sin autorización a la historia clínica de su hija; b) Es claramente discriminatoria, al no ser obligatoria la vacuna, además de que buena parte de la población aún no ha podido acceder a la vacunación, completa o primera dosis, por lo que conculca gravemente el principio de igualdad, artículo 14 CE, reconocido como un derecho humano; c) Ningún propietario o empleado de hostelería se encuentra habilitado para solicitar datos privados de la salud de un cliente, dado su carácter confidencial.
Ya se están produciendo denuncias; d) Como bien dice la AEPD, el pasaporte Covid se ha creado por la Unión Europea para garantizar la movilidad de los viajeros, no para exigirlo para entrar en un establecimiento de hostelería; e) También porque resulta paradójico que el hostelero o empleado que solicita dichos certificados en algunos casos ni siquiera se encuentra vacunado; y f) Ninguna relación tiene que un propietario o empleado de la hostelería solicite a un cliente su DNI, con la finalidad de comprobar si es mayor de edad para acceder a un determinado establecimiento, donde se pueda comprar tabaco, consumir bebidas alcohólicas o realizar actividades de juego.
Ya me tengo recoger, si aceptamos que los derechos humanos ya no son inherentes al ser humano, sino sólo al ser humano vacunado, nos arrepentiremos, como ha dicho José F. Peláez. Pronto nos prohibirán entrar a los supermercados. Seremos los proscritos o apestados y, entonces, nos convertiremos en una “subsociedad”.
Para ser libre hay que atreverse a volar.
Pretenden imponernos su doctrinario. Su dictadura, vistiéndola de hoja de ruta de la curación de la pandemia. Vacunas igual a curación. Si no es suficiente una dosis, dos, tres y las que vengan, siempre con el buscado beneplácito del sanedrín de salón al balcón, alabado sin cesar por las terminales propagandísticas. Ya han conseguido la primera gran victoria. Según dónde y de que cosas no nos atrevemos a expresar ni lo que sentimos ni lo que pensamos. Tenemos miedo de hacerlo por el repudio. Es un miedo cierto porque ejecuta a los disidentes sin piedad. Pero no enseña la cabeza cortada. Ahora las cosas no se hacen así, como bien dice Pérez Henares. Las asociaciones de hosteleros protestan por la fuerte reducción de sus reservas y su más que precaria situación, ahora se están enterando de los continuos tiros de gracia que le están dando. Lo decía Victor Hugo “Entre un Gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa”.
Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado