La Iniciativa Legislativa Popular de Jusapol para la Equiparación Salarial contraviene varios preceptos constitucionales, leyes orgánicas y competencias autonómicas
Desde la tribuna, el portavoz de la Comisión de Interior del partido socialista, David Serrada, anuncia que la iniciativa legislativa que habían firmado más de 550.000 personas para la equiparación salarial de policías y guaridas civiles con las policías autonómicas contraviene la legislación española, todo ello antes de que su partido votase a favor de esta iniciativa.
David Serrada explica antes de la votación, a los Sres. diputados presentes en el Congreso, que la iniciativa es contraria a varios aspectos claves del sistema jurídico español. El diputado alega que entra en confrontación con artículos de la Constitución Española, el estatuto del empleado público, varias leyes orgánicas, los estatutos de autonomía y la ley de presupuestos generales del Estado, entre otras.
En boca del portavoz de interior, el partido socialista anuncia que el texto definitivo no se va a parecer en nada al presentado. “Hay que salvar numerosos escoyos legales”, aunque finalmente votan a favor de la iniciativa legislativa, entre otras razones, por que defienden la participación directa de los ciudadanos.
Partido Popular, Ciudadanos y Podemos votan Sí a la iniciativa legislativa popular
La presión de 550.000 firmas, sabedores que el resto de partidos constitucionalistas del Congreso -Ciudadanos, Partido Popular y Podemos- votarán a favor de esta iniciativa, y las elecciones municipales a la vuelta de la esquina pesarían más que un NO.
A pesar de no reunir los requisitos legales para salir adelante en su totalidad, el partido socialista vota a favor de su tramitación, dejando entrever una imagen de “miedo a la pérdida de votos” o de falta de interés y voluntad política y voluntad para hacer justicia con unos funcionarios que, tras treinta años de discriminación, han dicho basta.
Policías y Guardias por un régimen especial que valore la falta de derechos que otros tienen
Policías y Guardias Civiles no van a aceptar ningún tipo de inanición o voluntad por parte del partido en el Gobierno para que les den aquello que es de justicia. Se sienten diferentes al resto de la función pública del Estado, ya que carecen de derechos constitucionales que el resto sí tienen, de ahí que las excusas del partido socialista haciendo referencia a la confrontación con los preceptos constitucionales no serán aceptadas por un colectivo que ha llegado al límite, y que solicitan un régimen especial y diferencial dentro del estatuto del empleado público.
