La Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), con sede en Luxemburgo ha retirado la inmunidad a los europarlamentarios Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín rechazando así los recursos que habían planteado contra la decisión del Parlamento Europeo que ya les había retirado su inmunidad. Dicha resolución abre la vía para que España pueda reactivar la petición de extradición y así juzgarlos en nuestro país.

Esta decisión europea supone un éxito descomunal para la Justicia española por el excelente trabajo realizado con tesón y rigor jurídico por Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo e instructor de la causa contra los separatistas catalanes de 2017. Ahora bien, para reactivar dicha extradición el instructor necesitará la petición de la Fiscalía del Alto Tribunal, dado que no existe otra acusación en la causa. A tal respecto, debemos recordar aquellas palabras de Sánchez asumiendo que la Fiscalía depende del Gobierno, aunque en este caso espero que con prontitud la Fiscalía la solicite, dado que lo contrario sería un escándalo de consecuencias imprevisibles.

El Tribunal de Luxemburgo rechazó todos los recursos contra la resolución de la Eurocámara, negó la alegada persecución política y especificó que los hechos imputados en el suplicatorio por el Juez Llarena se habían  cometido en el año 2017 (fecha del referéndum ilegal), mientras que los diputados adquirieron dicha condición en el año 2019, fecha posterior a su procesamiento en el mes de marzo de 2018 por el Tribunal Supremo de España. También señala que cuando se examina un suplicatorio de suspensión de inmunidad no corresponde al Parlamento Europeo analizar la legalidad de los actos judiciales españoles, pues esa cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales. Así, la resolución supone un varapalo en todo regla al separatismo y golpismo catalán.

Como decíamos más arriba, Llarena tendrá que contar con la Fiscalía para volver a cursar las euroórdenes, después de haberlas retirado mientras no se pronunciara el TGUE como ahora lo ha hecho. Precisamente, el art.39.3 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la UE, dice que sólo podrá acordarla el juez, por auto motivado “si el Ministerio Fiscal o, en su caso, la acusación particular la interesan”. En este caso, no hay acusación particular. La de Vox es popular. Ahora bien, aunque el Ministerio Fiscal lo interese, Pablo Llarena sólo puede reactivar la euroorden por los delitos de malversación agravada y ya veremos si desordenes públicos, después de que el Gobierno de Sánchez derogara con toda la intencionalidad la sedición y abaratara la malversación en beneficio del separatismo, aunque ahora la Ministra de Justicia dice alegrarse de la decisión del TGUE. Todo un camelo. Recordemos que Sánchez, una vez más, mintió cuando justificó la supresión de la sedición para supuestamente homologar nuestro Código Penal con Europa. Falso. Lo hizo para afianzar sus relaciones con ERC y Bildu tras aprobar los indultos.

El expresidente de la Generalitat ha avanzado que recurrirán en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), diciendo “Nada se acaba, al contrario, todo continúa”. Dicho Tribunal ya desestimó el recurso de Junqueras contra la decisión de la Eurocámara de impedir que fuera europarlamentario tras las elecciones de 2019. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEHU) señaló que no hubo vulneración de derecho en la suspensión por el Tribunal Constitucional del pleno del Parlamento Catalán. Y también negó la vulneración de derechos en 2018 y 2021 por actuaciones de los tribunales españoles.

Pero volvamos al recurso de casación anunciado por Puigdemont y su abogado Boye, ex colaborador de ETA. Los tiempos son muy importantes ya que el reloj está a favor de los prófugos. Veamos, el 5 de julio de 2023 se le notificó la sentencia del TGUE y el plazo de dos meses para presentar el recurso de casación vence el 5 de septiembre de 2023. El TSJE tiene seis meses para pronunciarse sobre el recurso que formulen los prófugos por la retirada de su inmunidad, que no olvidemos que ya adquirió firmeza, aunque soliciten medidas cautelares. Es decir, el TSJE antes del 5 de marzo de 2023 debería de dictar resolución, pero el Parlamento Europeo se disolverá en mayo de 2024, fecha tope para que decaiga la validez del suplicatorio del Tribunal Supremo y así poder proceder a la entrega a España de Puigdemont y compañía. Cualquier circunstancia especial puede dar al traste con todo el procedimiento de extradición, que tendría que reiniciarse. Además, aunque fueran extraditados, estoy plenamente convencido que si Sánchez continuara como Presidente del Gobierno les concedería los indultos correspondientes, dado que con las reformas del CP, llevadas a cabo por el Gobierno sanchista en connivencia con sus socios separatistas, las penas a la que se enfrentarían los prófugos sería sensiblemente inferiores a las de Oriol Junqueras y compañía, que ya fueron indultados.

Manuel Novás Caamaño, Abogado, para h50 digital