En el estudio se constatan los tres factores que inciden en que pueda haber dificultades para cubrir determinados empleos: la elevada precariedad laboral, la ineficacia de las políticas activas de empleo y las disfunciones en la interacción entre el modelo formativo y el productivo, que afectarían especialmente a aquellos sectores de alto nivel tecnológico.
Los datos confirman esta realidad:
A pesar de que el número de vacantes sigue una tendencia creciente (en 2021 alcanzó la cifra más elevada con 111.087), la tasa de vacantes es la más baja de toda la UE (0,7%, frente al 2,8% de media de la eurozona).
Las vacantes se encuentran bastante concentradas geográficamente. La suma de las existentes en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana acumulan un 70% de los puestos de trabajo vacantes.
Dos de cada tres vacantes (67,8%) se ubican en pequeñas y medianas empresas. Un 95% de las empresas españolas encuestadas declararon no tener vacantes por no necesitar ningún trabajador adicional.
Casi la mitad de las vacantes (45,6%) se agrupan en ramas con un peso importante del empleo público: ‘Administración Pública y defensa; Seguridad Social Obligatoria’ (31%); ‘Actividades sanitarias y de servicios sociales’ y ‘Educación’. Esto tiene relación con dos factores: el ineficiente funcionamiento de los procesos de oposición pública hasta 2021, con tasas de cobertura insuficientes; y la elevada temporalidad y parcialidad que ha existido. Esta situación ha comenzado corregirse con los recientes acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos, que han modificado la política pública de empleo y que suponen un giro importante, aumentando la cobertura de puestos e impulsando su estabilización.
Un tercio de las vacantes (cerca de 37 mil) se encuentra en actividades del sector privado con muy alta precariedad laboral.
En el 20% de las vacantes pueden ganar peso otros factores, como un desacople entre la formación o cualificación de la persona trabajadora y la requerida por la empresa. Algo que se evidencia en el caso de algunas competencias digitales específicas. No obstante, hay que recordar que solo un 10% de las empresas españolas intentaron contratar a un tecnólogo en 2021, y de ellas, únicamente el 2,5% tuvieron alguna dificultad para cubrir el puesto.
Por último, no hay que olvidar que dos de cada tres personas desempleadas se encuentran en España en riesgo de pobreza o exclusión social, por lo que no pueden permitirse rechazar una oferta de empleo, con indiferencia de las condiciones asociadas al mismo. Datos que constatan que las causas de la puntual falta de personas dispuestas a trabajar en alguna actividad son, en términos generales, ajenas a la voluntariedad de las mismas.
En definitiva, no hay un problema de gran dimisión voluntaria de las personas trabajadoras, lo que existe es la imposibilidad real de acceder a un empleo en condiciones dignas, tengan los trabajadores y trabajadoras la nacionalidad que tengan.
La solución pasa por un cambio estructural que promueva una revalorización del trabajo, generando empleos más estables, seguros y mejor retribuidos.