Si España fuera una estado democrático el Fiscal General del Estado ya estaría imputado al igual que su mandante. España no es una democracia es una auténtica autarquía. Se está realizando una reforma encubierta de la Constitución, es decir, ilegal a todas luces, saltándose la voluntad de la soberanía nacional que corresponde al pueblo español y del que derivan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sánchez se está apoderando de todas las instituciones del Estado. Tan sólo los jueces y algunos fiscales están luchando por su independencia con toda clase de riesgos, incluidos los personales, como el magistrado Juez de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que acaba de abrir otra causa contra Puigdemont y sus afines por un delito de traición por sus contactos con Rusia para lograr la independencia de Cataluña y desestabilizar la UE.
Los jueces aunque sean insultados y vejados por los muecines del poder instituido no dejan de cumplir con su deber, la legalidad. La amnistía ya se está olvidando, cuando como acaba de decir Felipe González “No estamos perdonando, estamos pidiendo perdón. Es una cosa escandalosa”. Después vendrá el referéndum, aunque antes todos los españoles pagaremos sus deudas, con su singular financiación y condonación, para que Sánchez y su esposa sigan en la poltrona. Es la voladura de las normas constitucionales con el principio de igualdad ante la ley en los fogones. La voladura del Estado de derecho con la cruzada contra la prensa y los jueces. El más puro estilo mafioso que trata de atemorizar a los jueces para que no cuestionen por vías legítimas la validez de la venta del Estado de derecho y la autoamnistía de Puigdemont, como ha dicho hace meses el vocal del Consejo General del Poder Judicial José María Macías Castaño.
Es intolerable, escandaloso y delictivo que el Fiscal General del Estado diera una orden expresa por escrito a la Fiscal superior de Madrid para difundir una nota de prensa desvelando datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La fiscal jefe provincial y el fiscal de Delitos Económicos están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por revelación de secretos. El Fiscal General del Estado ya es una prolongación del gobierno, su ministro 23. Ahora, sabemos que hay en marcha una campaña de desinformación para intentar proteger a García Ortiz y seguir prolongando la causa de Alberto González.
También, la libertad de prensa dejará de existir. Estará presidida por la censura sanchista amordazando cualquier intento de libertad de opinión y de expresión, que siempre debe incluir el derecho de todo individuo a no ser molestado a causa de sus opiniones, así como el derecho de investigar y recibir informaciones y difundirlas, tal y como establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948.
La desolación está más que justificada. Abiertamente se pacta que, a cambio de un puñado de votos para seguir gobernando, se conceda la impunidad por sus crímenes a quien, con sus votos, se ha concedido la capacidad de autoamnistiarse, al más puro estilo de las antiguas dictaduras argentina o chilena. Obvio que eso supone la ruptura del Estado de derecho, totalmente irrecuperable. Una vez que se pierde el pudor para romper las reglas del juego y se demuestra que los tribunales y la ley pueden ser pisoteados por el interés personal, es imposible saber cuándo va a volver a suceder, aunque la respuesta es previsible: sucederá siempre que le convenga al que lo ha hecho una primera vez y comprueba que puede seguir haciéndolo sin asumir ninguna responsabilidad por sus actos (Macías Castaño). Si, lo consentimos, estaremos en el principio del fin de la democracia.
AUTOR: MANUEL NOVÁS CAAMAÑO | Abogado
