El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de la mano de los diputados Cayetana Álvarez De Toledo Peralta-Ramos, Ana Belén Vázquez Blanco, Isabel Borrego Cortés y Carlos Rojas García, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, ha presentado una Proposición no de Ley de equiparación salarial real, total y absoluta de la Policía Nacional y Guardia Civil, para su debate en Pleno.
El 12 de marzo de 2018, el Ministerio del Interior del Gobierno del Partido Popular firmó un acuerdo histórico de equiparación salarial con los principales sindicatos de la Policía Nacional y las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil, tras un proceso de negociación llevado a cabo con el objetivo de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares. También para impulsar su modernización, mejorar la calidad en la prestación del servicio y optimizar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
En ese Acuerdo se abordó un proceso de equiparación gradual en tres ejercicios, 2018, 2019 y 2020, con un importe de 807 millones de euros que serían destinados al Complemento Específico Singular (el 90% del total) y a la Productividad (el 10% restante), más 100 millones de euros adicionales que se destinarían a incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada a! servicio activo.
Las cantidades asignadas a cada ejercicio fueron las siguientes:
2018: 310 millones de euros, más 100 millones de euros destinados al personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada; más 90 millones de euros para el colectivo de Policías Nacionales y Guardias Civiles resultante del acuerdo de fecha 9 de marzo de 2018, lo que resultaría una cantidad tota! de 500 millones para este ejercicio.
2019: 250 millones de euros, cantidad que se acumulará a la asignada en el ejercicio anterior (310). Más 100 millones de euros destinados al personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada; más 100 millones de euros, para el colectivo de Policías Nacionales y Guardias Civiles resultante del acuerdo de fecha 9 de marzo de 2018, lo que resultaría una cantidad total para este ejercicio de 450 millones.
2020: 247 millones de euros, cantidad que se acumulará a la asignada en los ejercicios 2018 y 2019 y que hacen un total de 807 millones de euros. Más 100 millones de euros destinados al personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada; más 110 millones de euros para el colectivo de Policías Nacionales y Guardias Civiles resultante del acuerdo de fecha 9 de marzo de 2018, lo que resultaría una cantidad total para este ejercicio de 457 millones.
Al mismo tiempo, el Gobierno se comprometió a contratar los servicios de una consultora externa que fijase los criterios y las cantidades necesarias para la equiparación salarial real, total y absoluta. Dicha consultora analizaría las cifras de equiparación puesto a puesto y fijaría las correcciones que fuesen necesarias.
En relación a lo pactado, los populares indican tener conocimiento de que el Gobierno del Partido Socialista despreció el informe inicial de la auditoría que suponía poner mas dinero para la equiparación y que incluso encargó uno nuevo que tuviera en cuenta la nuevas pretensiones del Gobierno de no seguir incrementando las cantidades necesarias para la equiparación real, total y absoluta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por otra parte, en la cláusula octava del Acuerdo de Equiparación, el Ministerio del Interior se comprometía a impulsar las medidas legislativas necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones. Esta medida, que conlleva la aprobación de una ley de retribuciones que impida en el futuro la existencia de desigualdades salariales de Policía Nacional y Guardia Civil con otros Cuerpos, es más necesaria y urgente que nunca para proteger sus derechos económicos y más tras el veto del Gobierno a la iniciativa Legislativa Popular de JUSAPOL.
Por ultimo, en la cláusula tercera se obligaba al Gobierno a destinar 100 millones de euros en cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo. A pesar del déficit actual de personal que existe en las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta la fecha no se ha desarrollado ni ejecutado esta cláusula, impidiendo que cientos de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se puedan incorporar a sus puestos.
El Partido Popular defiende la necesidad de que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los garantes de la seguridad, la libertad, la democracia y la ley, cuenten con los medios materiales y técnicos necesarios y adecuados para realizar su inmenso y sacrificado trabajo; y deben tener las mismas retribuciones que el resto de cuerpos policiales que realizan el mismo trabajo que la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY:
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1- Cumplir con el tercer tramo de equiparación salarial previsto para el año 2020, mediante la aprobación urgente de un Real Decreto.
2~ Encargar un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las Policías Autonómicas, incluyendo en ¡os Presupuestos Generales del Estado para 2020 esa cantidad pendiente de la equiparación.
3“ Ejecutar (a cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación de 2018, para permitir el regreso a la vida activa de los policías y guardias civiles que se encuentran en situación administrativa de Segunda Actividad o de Reserva, reconociéndoles el derecho a la equiparación.
4- Elaborar una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de Policías del territorio español.
