En España desde hace años se están produciendo hechos de una extrema gravedad, hechos que suponen un desprecio al Estado de derecho y a la separación de poderes, hechos que trasgreden la democracia auténtica, al violar la igualdad de los ciudadanos, la libertad y la Ley de leyes, nuestra Constitución.
Pongamos algunos ejemplos que producen al menos perplejidad e incertidumbre. Así, la recién nombrada ministra de “Juventud e Infancia”, Sira Rego, comunista de origen palestino y pro Hamas, alaba a Lenin y dice que nuestra democracia es una estafa. Y, Ernest Urtasun, nuevo ministro de “Cultura” ha dicho que su cartera será clave para impedir la subida de la derecha y la extrema derecha, olvidando que él representa con Sumar a la extrema izquierda. Ambos propagadores del tirano y asesino de masas Lenin.
Más perplejidad, hace unas semanas, Carlos Arnal, concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por Más Madrid llegó a decir “Qué poco se guillotina en este país” con clara referencia a Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, por asistir a las protestas de Ferraz. Poco eco tuvieron estas expresiones más propias de un energúmeno y matón, que ya por el hecho de expresar estas amenazas merecería estar encerrado. Tampoco tenemos noticias de que se hayan denunciado los hechos. Por el contrario, si fue denunciada por el PSOE ante la Guardia Civil y expulsada del PP la concejala Laura del Río en la localidad de Gomezserracín (Segovia) por haberle deseado al presidente del Gobierno “un tiro en la nuca”, conducta a todas luces también reprochable, pero en este caso con todos los teleñecos divulgando la noticia.
Sigamos, como bien conozco vaya por delante que puedo entender el nerviosismo de los miembros de la UIP durante las concentraciones de manifestantes, la inmensa mayoría pacíficas, en las proximidades de la sede del PSOE en las calles de Ferraz y Marqués de Urquijo en Madrid. Ahora bien, debemos recordar que, a pesar de la violencia desplegada por los CDR y otros agitadores golpistas en Cataluña con graves lesiones a policías que le han supuesto en alguno de los casos la incapacidad para seguir siendo policías, nunca se utilizaron gases fumígenos o lacrimógenos, como si los utilizaron el día 6 de noviembre en Ferrar ante niños, ancianos y mujeres sufriendo sus consecuencias. Más aún, como han dicho antiguos mandos de la UIP:
“El despliegue estratégico tiene que ir orientado siempre a la disolución, no a generar más conflicto”.
La policía y guardia civil deben cumplir la ley y estar al servicio de los ciudadanos, no al servicio del Gobierno de turno. Pero, lo que no se puede tolerar es que un miembro de la UIP conscientemente propine una patada a una bandera de España, su bandera. Esa conducta debe ser corregida disciplinariamente. Y, dicho todo lo anterior, nadie, digo nadie, me puede dar lecciones de defender a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a la democracia. Son infinitos los ejemplos, antes, durante y después de Tejero.
Aún más, dadas las críticas que la gran mayoría de los sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil han realizado sobre las graves consecuencias de la concesión de la Amnistía a los golpistas y malversadores, según distintas fuentes informativas Moncloa está estudiando la posible ilegalización de Sindicatos de Policía y especialmente de Asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que ya han supuesto la incoación de distintos expedientes disciplinarios con suspensiones de empleo y sueldo, uno de los expedientados es Agustín Leal, portavoz de JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, por defender la Constitución y la legalidad vigente. A tal respecto, veamos que dice el Real Decreto 176/2022, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Código de Conducta del Personal de la Guardia Civil, que en su artículo 10 señala: “Defensa de la Constitución 1. Mostrarán una disposición permanente para la defensa de la Constitución Española como norma fundamental del Estado y llevarán a cabo su actividad profesional con lealtad al Rey y con absoluto respeto al resto del ordenamiento jurídico, cumpliendo y haciendo cumplir la ley” (aprobado por el propio Gobierno Sanchista hace menos de dos años). Es decir, por cumplir la Constitución y la legalidad se incoan expedientes disciplinarios. Un acto más de autoritarismo.
Más aún, ahora el PSOE acaba de solicitar a sus socios europeos que traten al prófugo Puigdemont como “exiliado”, no vaya a ser que el golpista se cabree y no deje gobernar a su socio Sánchez. Con este panorama no resulta una rareza que Financial Times haya publicado hace unos días un artículo en el que alerta de la “amenaza al imperio de la ley” el acuerdo suscrito con los separatistas catalanes sobre la Ley de Amnistía y Referéndum, “dado que rompe los principios esenciales del Estado de Derecho que jamás deberían haberse comprometido en una democracia” Sigue diciendo “Las consecuencias…pueden ser muy serias tanto para España como para Europa”. En este sentido, en el Parlamento Europeo, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha sido claro “La comisión Europea seguirá muy de cerca y con detenimiento el procedimiento del Gobierno español con la Ley de Amnistía para garantizar que se cumple la legislación europea. Y, además, ha lanzado una seria advertencia al Gobierno de Sánchez al asegurar que no sólo va a analizar la proposición de Ley sino las enmiendas, el acuerdo político, y todos los documentos anejos que aún no ha recibido. Lo hará atendiendo al artículo 2 del Tratado (porque es un tema europeo, no nacional)”.
Ya me recojo, no sin antes recordar que la resistencia es el poder del pueblo, hay que ser valientes y no cesar en la lucha para seguir defendiendo nuestra libertad, nuestra igualdad, nuestra unidad, nuestra dignidad, nuestro orgullo como seres humanos, nuestra constitución, nuestra democracia. Somos ciudadanos, no siervos. España ya se está rompiendo y hay que impedirlo a toda costa. Como decía mi abuelo, siempre adelante.
Autor: Manuel NOVÁS CAAMAÑO | Abogado
