La verdad es que no dejo de sorprenderme cuando escucho al presidente Sánchez decir que el estado de alarma es el pasado, sin reconocer que él representa a ese pasado. Aunque la realidad es que la vuelta al presente la haya logrado el pueblo de Madrid con el revolcón electoral que le dio al sanchismo, que nada tiene que ver con el PSOE auténtico. No obstante, no tengo nada claro que el estado excepcional de alarma sea pasado, dadas las llamadas inagotables de los caciques del poder autonómico, los reyezuelos de taifas, que siguen implorando a Sánchez que les devuelva al autoritarismo en el que se mueven como pez en el agua con sus 17 chiringuitos.
Ya éramos conocedores de que los propagadores de la sumisión del pueblo, los teledirigidos, los vendidos, los bocazas, los seguidores de los taifas, vamos todo un ejército de verborrea banal e intelecto atrofiado, cuando llegara la libertad, incluso con minúsculas, aprovecharían los saltos de alegría de la celebración de los jóvenes para magnificar y demonizar a todo aquél que osara salir de su casa para respirar. Pues bien, siendo cierto que el comportamiento de unos pocos no fue el más adecuado, los irresponsables ni siquiera representaron el 0,01% de la población, más que minúsculo. Mientras, el 99% tuvo un comportamiento impecable, más que cívico. Entonces, debemos preguntarnos por qué ocurren estas cosas. La respuesta es que los autoritarios y sus seguidores quieren seguir secuestrando nuestras libertades. Creando catastrofismo donde no lo hay, como la nueva delegada del gobierno en Madrid, que se apresuró a decir “Cuando llevas sembrando una falsa libertad te encuentras con el libertinaje”. Los ovarios de Ayuso permitieron a los madrileños vivir en libertad, pero dentro del orden democrático.
Ya decía hace unos días Ruiz-Quintano en ABC “Necesitamos legislación, berrean los caciques autonómicos. El pack incluye el estado de excepción, cuyo pin piden los caciques para activarlo en sus feudos con el pretexto de la peste”. Eso sí, sin control del poder judicial para hacer de su capa un sayo. Otro auténtico estado de alarma excepcional encubierto por el abuso del poder, no por necesidad del coronavirus. Sánchez, que bien conoce la derrota, siendo consciente del hartazgo del personal y de los resultados electorales, no quiere asumir responsabilidad alguna, pero se apresuró a decir que si alguna autonomía se lo reclamaba motivadamente estaría dispuesto a apoyarlo. Sabe de sobra quién pagaría el peaje.
Bueno, los reyezuelos, como no quieren la ratificación judicial existente en un estado de derecho, verborrean hasta la saciedad la disparidad de criterios de los TSJ autonómicos, calificando de desbarajuste o disparate jurídico que cada CA tenga unas normas diferentes de aplicación sobre el toque de queda o cierre perimetral. Digno de carcajada, cuando las CCAA han aprobado y aplican normas distintas en sus correspondientes territorios sobre sanidad, fiscalidad, lengua, educación, derechos políticos, ayudas sociales y un largo etcétera. Pero, claro está, cuando los tribunales no acceden a sus pretensiones por violar derechos fundamentales reconocidos en la CE, exigen un plan B y así el presidente del PP le ofrece a Sánchez un plan jurídico, una hoja de ruta. No obstante, la realidad es muy tozuda, y, precisamente, el gobierno gallego acaba de aprobar la Orden de 7 de mayo de 2021, por la que establece medidas de prevención del Covid-19, teniendo en cuenta la finalización de la prórroga del estado de alarma, cuyo fundamento normativo es: la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; la Ley 14/1986 General de Sanidad; la Ley 33/2011 General de Salud Pública. Es decir, lo que cité hace un año como Plan B en mi artículo titulado “Toque de Queda”. Por lo tanto, siempre existieron instrumentos jurídicos, aunque podrían ser mejorados, y ese plan B afectaría a los enfermos y contagiados en zonas y poblaciones determinadas, evitando la aplicación de medidas excepcionales a todos los españoles que no se encuentran en dicha situación.
Mientras tanto, Sánchez deja a los asesinos de ETA en manos del Gobierno Vasco, que cuida a sus amigos abriendo sus cárceles a los 25 presos ya trasladados y a otros 190 pendientes de llegar, para que disfruten de la libertad ganada con la sangre derramada por los santos inocentes. No es de extrañar que el Ministro Iceta diga “Que viene a saldar una deuda”. Debe ser la deuda del terror de los que también asesinaron a sus propios compañeros del PSOE auténtico. Pronto vendrán los indultos.
Aunque ya me recojo, confío en que no volvamos a aceptar mansamente un nuevo estado de alarma, disfrazado en este caso de bando autonómico. No volvamos a entregar nuestros derechos y libertades, nuestras vidas, a los que las están dinamitando. Supondría, nuestra definitiva extinción, dado que, como hemos comprobado, menos libertad es igual a más pobreza y más pobreza es igual a más muerte. Sin libertad y trabajo no puede haber salud. No habrá recursos.
Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado
