El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado de la mano de su portavoz Miguel Tellado Filgueira una Proposición no de Ley, sobre la asignación urgente de efectivos policiales a las Unidades Adscritas de la Policía Nacional en Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón para cubrir el 100% del Catálogo de Puestos de Trabajo que tienen asignadas estas Unidades, para su debate en la Comisión de Interior.
Esta iniciativa ha sido presentada con la ratificación y firma de los diputados populares Ana Belén Vázquez Blanco, Mar González Bella, Macarena Montesinos De Miguel y Bella Verano Domínguez.
Desde el Grupo Parlamentario Popular exponen que el Real Decreto 221/1991 de 22 de febrero sobre organización de las Unidades Adscritas del CNP, que desarrolla el artículo 47 de la LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece la posibilidad de adscripción de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía a las Comunidades Autónomas incluidas en el apartado 2 del artículo 37 de la misma Ley, disponiendo que las condiciones de la adscripción se concretarán en acuerdos administrativos de colaboración, que respetarán los principios determinados en el mencionado precepto.
Las funciones que desempeñan, según lo establecido en el apartado 1, del artículo 38, de la Ley Orgánica 2/86, son:
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma.
- La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios.
- La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita.
- El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma.
- Otras que se han ido sumando en virtud de nuevos convenios de colaboración, según la comunidad autónoma afectada.
Apuntan los populares en su iniciativa que las responsabilidades y funciones que asignan las nuevas normas a la Policía Nacional requieren de un aumento de efectivos destinados de forma exclusiva a las labores de inspección, control y vigilancia del cumplimiento de la normativa de juego; mejora que además afectaría a la coordinación con otras unidades y servicios policiales en la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos y por lo tanto supondría una mejora en el servicio a la ciudadanía, haciendo así casi imposible desarrollar y prestar los servicios que competencialmente tienen asignados.
Además, las Unidades Adscritas de la Policía Nacional prestan otros importantes servicios a la sociedad, entre los que destacan también la atención a los menores en desamparo, la reventa en los espectáculos públicos y el medio ambiente, entre otros.
Señalan que las Unidades Adscritas de Policía Nacional a las Comunidades Autónomas viven su peor época, con un mínimo histórico de efectivos que tiene a Andalucía y Galicia como las principales víctimas de una estrategia, la del Ministerio del Interior, que impide convocar la provisión de puestos de trabajo mediante los procedimientos previstos en la norma bajo la excusa de que antes de acometer ese reforzamiento es necesario firmar convenios que llevan años paralizados.
Así, de las 1.875 vacantes que existen en Policía Nacional para las Unidades Adscritas a la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia, la Comunidad Valenciana y Aragón sólo están cubiertas, con cifras actualizadas a julio de este año, poco más del 68%.
Desde el 1 de enero de 2019 y hasta la fecha el porcentaje de agentes destinados en esas unidades se ha desplomado 8,6 puntos, pasando de los más de 1.620 en el año 2017 a los 1.278 efectivos en la actualidad.
Estos mínimos históricos afectan al ejercicio de las competencias que esas Comunidades Autónomas, al amparo de lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre adscripción de unidades de Policía Nacional a aquéllas.
La pérdida de efectivos, que se ha convertido en algo crónico, tiene su origen en la negativa del Ministerio del Interior a convocar las vacantes en las Unidades Adscritas más afectadas por el descenso en el número de policías destinados en ellas. Pese a que desde las Comunidades Autónomas afectadas se viene requiriendo y demandando más efectivos.
En algunas de las Unidades Adscritas de la Policía Nacional ,no se convocan concursos específicos de méritos desde el año 2013, en el caso de Andalucía desde el año 2012, lo que está lastrando la prestación de los servicios encomendados y provocando un redoble de esfuerzos difícilmente asumibles por los funcionarios policiales, dado el incremento de demandas y solicitudes de apoyo y colaboración que vienen recibiendo por parte de los órganos dependientes de las respectivas comunidades autónomas, así como aquellas que provienen de la propia iniciativa de los mismos atendiendo a sus competencias específicas.
En el caso de Aragón la cuestión se hace más compleja desde que en 2023 se aprobó la Ley 9/2023, de 23 de marzo, por la que se modifica la Ley 2/2000, de 28 de junio, de Juego de la Comunidad Autónoma; una actualización legislativa que amplía las funciones y dota de nuevas herramientas a los servicios de inspección y control.
La situación de los convenios de las unidades adscritas en la actualidad es la siguiente:
- La Unidad Adscrita de Galicia: El primer convenio entre Interior y esa Comunidad Autónoma se firmó el 22.10.1990. Se prorrogó en 1993, 1996, 1999, 2002 y 2005 (que finalizó en 2008). Debería haberse renovado, en cumplimiento de la Ley 40/2015, antes del 01.10.2019. El compromiso del Ministerio de Interior era alcanzar la cifra real de 500 policías destinados antes de acabar el año 2006 y luego mantenerlos. Al cerrarse 2023 tendrá sólo 350 policías.
- La Unidad Adscrita a la junta de Andalucía: El primer convenio entre Interior y esa Comunidad Autónoma se firmó el 21.12.1992. Se prorrogó en 1995, 1998, 2001, 2004 y 2007 (que finalizó en diciembre de 2010). Debería haberse renovado, en cumplimiento de la Ley 40/2015, antes del 01.10.2019. El compromiso alcanzado en el último convenio era llegar a los 1.000 policías antes de su caducidad (17.12.2010). En actualidad sólo tiene 383 policías.
- La Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana: El primer convenio entre Interior y esa Comunidad Autónoma se firmó en 1991. Se prorrogó en 2002 y 2007 y el que está en vigor en la actualidad se firmó el 18.09.2018 (ya ha caducado, en septiembre de 2022). En la actualidad tiene 402 efectivos.
- La Unidad Adscrita de Aragón El primer convenio entre Interior y esa Comunidad Autónoma se firmó el 09.05.2005. Se prorrogó en 2009 con duración indefinida, con el compromiso del Ministerio de alcanzar los 200 efectivos de catálogo (150 en activo y 50 en segunda actividad). Debería haberse renovado desde octubre de 2019. En 2023 tiene 144 policías en activo.
Denuncian desde el Partido Popular que “como podemos observar la situación de falta de personal es común en todas las Unidades Adscritas de Policía desde hace años y se hace urgente y necesario completar las plazas vacantes”, y por todo presentan una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a que se proceda a una reunión urgente entre las Comunidades afectadas y el Ministerio del Interior, como están demandando las autoridades autonómicas, que se provean a la mayor brevedad comisiones de servicio inmediatas para cubrir las plazas vacantes de las Unidades Adscritas de la Policía Nacional en Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón, y que se convoque el concurso específico de méritos para cubrir las plazas necesarias de las Unidades Adscritas de la Policía Nacional en Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón, que tienen idéntico régimen estatutario, llegando lo antes posible a cubrir el 100% del Catálogo de Puestos de Trabajo que tienen asignadas estas Unidades.
