Aprobado el histórico informe sobre la exclusión del castellano en la educación catalana: Cataluña tiene que permitir el 25% en castellano, evitar la intimidación a niños y familias castellanohablantes y “entablar un diálogo constructivo” con ellos.
“Prometimos que haríamos todo lo posible para desenmascarar el fundamentalismo lingüístico y proteger a las familias y a los niños”, afirma Maite Pagazaurtundua.
El Parlamento pide “a las autoridades regionales y nacionales que colaboren para poner fin a la violación de los derechos fundamentales de los padres, los niños y las familias” y a la Comisión Europea, que garantice que España “hace respetar los derechos de los niños hispanohablantes”.
El Parlamento Europeo ha aprobado este martes un histórico informe sobre la discriminación del castellano en la educación en Cataluña en el que exige el cumplimiento de las sentencias del 25% de español en la educación, que se ponga “fin a la violación de derechos fundamentales” de padres y niños, y que las comunicaciones con las familias y las páginas webs, de los colegios y la Generalitat, sean en las dos lenguas “de oficio, sin necesidad de que las familias o el alumno lo soliciten individualmente”.
“Es un texto histórico porque ayudará a poner fin al sistema de impunidad en el que hasta ahora el Gobierno catalán, con la connivencia del Gobierno central, se han movido para imponer un sistema lingüístico monolingüe en Cataluña. Cuando el Gobierno de un país permite que los derechos fundamentales sean vulnerados, las instituciones europeas tienen que actuar. Este informe lo deja muy claro: el sistema educativo debe tener en cuenta el interés superior del niño en las políticas lingüísticas y de ninguna manera se puede excluir ninguna de las lenguas como vehicular. Debemos pasar a un sistema de bilingüismo de calidad, no uno de monolingüismo en la red pública y trilingüe en la privada. Queremos lo mejor para todos”, ha manifestado la diputada de CS y vicepresidenta de la Comisión de Libertades, Maite Pagazaurtundua.
Concluye así la última fase del informe elaborado por la comisión de Peticiones tras la misión a Barcelona celebrada el pasado diciembre, en la que eurodiputados de distintos partidos y nacionalidades comprobaron in situ la obsesión del Gobierno nacionalista contra el castellano en la educación pública y el acoso a niños y familias que han defendido su derecho a un 25% de clases en español.
El informe aprobado es fruto de una intensa negociación en la que ha trabajado la eurodiputada de CS Maite Pagazaurtundua, que ha logrado incorporar varias enmiendas. Pagaza ha sido clave en este largo proceso por el que el Parlamento Europeo acogió la denuncia de varios colectivos civiles de Cataluña, presentada por primera vez en 2017, y decidió asumir la petición y enviar una misión a Barcelona para conocer la realidad.
El documento ha salido hoy adelante superando las trabas y la oposición del independentismo y de la izquierda, y constituye un hito para quienes reivindican el derecho al estudiar en castellano y en catalán.
“Tras siete años de trabajo en el PE, el espejo de la realidad no les gusta a ciertos grupos porque se ven años de manipulaciones y medias verdades. Se toma nota, por primera vez, de las vulneraciones de los derechos fundamentales en Cataluña y se muestra la preocupación por las disfunciones del sistema, que debe tener en cuenta el interés superior del niño, respetar la legalidad y las sentencias y dar el trato que corresponde a las dos lenguas oficiales en esa Comunidad. Las disfunciones han ido a peor”, indica la diputada Pagazaurtundua, quien recalca que todo esto ocurre “sin una acción eficaz del Gobierno español, que por el contrario negocia la política lingüística en el paquete de cesiones que dañan el Estado de derecho”.
“Es importante destacar que los diputados que viajaron a Cataluña fueron testigos de la polarización de la vida política catalana que llevó a que algunos de los eurodiputados fueran recibidos en la calle con protestas ofensivas, que requirieron la presencia policial”, añadió la eurodiputada.
Respeto a la diversidad lingüística
En uno de sus puntos cruciales, la Comisión PETI “pide a las autoridades regionales y nacionales que colaboren para ayudar a poner fin a la violación de los derechos fundamentales de los padres, los niños y las familias y salvaguardarlos, tal como se establece en el artículo 21 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales”.
El informe aprobado parte del reconocimiento de que español y catalán deben ser lenguas vehiculares en la educación en Cataluña y de que el sistema, según la legislación, debe compensar las deficiencias en cualquiera de las dos, sin excluir a ninguna.
“El respeto de la diversidad lingüística y cultural es una de las piedras angulares de la UE consagrada en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y toda discriminación basada en la lengua está explícitamente prohibida en virtud del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, dice el informe. Se pide por ello “a las autoridades regionales y nacionales competentes que garanticen que no se discrimina a los niños por ningún motivo, incluido el hecho de ser hispanohablantes”.
Los eurodiputados han incluido un apartado concreto sobre los niños con necesidades educativas especiales y muestran su preocupación por que el modelo de inmersión “genere graves disfunciones para aquellos cuya lengua materna es el español”. Dicho esto, el Parlamento considera que la Generalitat debe garantizarles poder estudiar en su lengua materna “si sus familias lo desean”.
Además, la Eurocámara reclama a la Generalitat que se asegure de que las páginas web de la administración pública educativa, incluidos los centros, y sus comunicaciones con alumnos y familias “se realicen tanto en castellano como en catalán, de oficio, sin necesidad de que el alumno o las familias lo soliciten individualmente”.
El informe recoge también el incumplimiento de la sentencia del TS de 2020 sobre la obligación de garantizar un 25% de enseñanza en castellano que los eurodiputados comprobaron en la misión de diciembre, en la que se reunieron con miembros del sistema judicial.
“El incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de la administración pública española y catalana vulnera este principio fundamental en la UE del respeto al Estado de Derecho”, dice el Parlamento, que manifiesta su preocupación por que tengan que ser los ciudadanos los que busquen amparo individualmente. Por ello, pide a las autoridades catalanas que no obstaculicen la ejecución de esta resolución.
Condena de la intimidación y el acoso
Durante la misión a Cataluña, los eurodiputados escucharon el testimonio de varias familias sobre el acoso que han sufrido y ellos mismos fueron objeto de manifestaciones en contra de su presencia en Barcelona. En el informe aprobado, la Eurocámara expresa “su preocupación por la exclusión, las controversias y las reacciones en la opinión pública que este asunto está provocando en la sociedad catalana, incluidos casos de exclusión social, intimidación y acoso contra niños y padres”, condena los discursos de odio y exige a la Generalitat que vigile “de cerca este comportamiento inaceptable y sancione a los autores”.
Además, el Parlamento “pide a las autoridades regionales y nacionales que establezcan un protocolo de defensa y protección para las personas en situación de riesgo, incluidas las familias que recurren al sistema judicial para que se ejecute la sentencia de 16 de diciembre de 2020”.
En otro importante apartado, los eurodiputados condenan también el hecho de que el régimen lingüístico en Cataluña restrinja efectivamente la libertad de circulación consagrada en el artículo 45 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, ya que impide a las familias que se trasladan allí estudiar en la lengua oficial española, “lo que afecta a sus derechos y restringe sus opciones de búsqueda de empleo dentro de su propio país y, por tanto, dentro de la UE”.
El informe también se dirige a la Comisión Europea, a la que se pide que “siga de cerca la forma en que se aplica en Cataluña el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, especialmente en relación con el respeto de la diversidad cultural y lingüística por parte de las autoridades regionales”. También, que trate con el Gobierno español todo lo referente a los derechos fundamentales y que garantice que España hace respetar los derechos de los niños hispanohablantes en las comunidades bilingües.
Este informe será enviado ahora a la Generalitat de Cataluña, a las autoridades nacionales españolas, incluido el Ministerio de Educación, al Defensor del Pueblo español, al Síndic de Greuges de Cataluña, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Tribunal Constitucional. También será remitido al Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho y de los Derechos Fundamentales de la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara.
“Prometimos que haríamos todo lo posible para desenmascarar el fundamentalismo lingüístico y proteger a las familias y a los niños, fomentando una política lingüística que corrija errores y desvaríos. Este informe pide a la administración responsable, y al Gobierno nacional que apliquen la ley, respeten las libertades civiles y el sentido común para que la mejor educación plurilingüe sea posible”, ha concluido Pagaza.
