El INDEPENDIENTE publica una noticia firmada por Antonio Salvador (@ajsalvador70), uno de los periodistas que más conoce la problemática policial y a los propios policías, titulada “Los 300 millones “olvidados” por Marlaska de la equiparación salarial”.
La propia equiparación, que comenzó con tanta fuerza y provocó movimientos policiales, con más o menos éxito para algunos a nivel personal, es la que ha quedado en el olvido.
En la noticia se relaciona que “La policía admite que no se ha desembolsado un solo euro de la cantidad pactada en marzo de 2018 para incentivar el reingreso al servicio activo del personal de segunda actividad sin destino, uno de los compromisos sin cumplir del histórico acuerdo”. A los que podemos añadir la falta de una auditoría solvente. La única seria y sensata conocida, fue realizada por un Inspector-Jefe que presentó su dimisión sindical por “motivos personales”, volviendo a su puesto de trabajo, una vez que la registró en la Dirección de la Policía.
No obstante y según recoge el propios artículo, “tres años después de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo histórico que ha permitido recortar de forma considerable la brecha retributiva de policías nacionales y guardias civiles con los mossos y ertzainas, al desembolsarse 807 millones de euros para su reparto entre los funcionarios de ambos cuerpos entre 2018 y 2020, el Ministerio del Interior sigue sin dar muestras de querer cumplir varios de los compromisos asumidos por su anterior titular con los representantes de sindicatos y asociaciones profesionales.
Uno de ellos es la consignación de una partida anual de 100 millones de euros durante el citado trienio para incentivar el reingreso al servicio activo del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada.”
Grande-Marlaska, continua EL INDEPENDIENTE, ha ejecutado los tres pagos comprometidos por su antecesor en el cargo -el popular Juan Ignacio Zoido- pero no ha movido ficha para cumplir ni con el desembolso de la partida para segunda actividad ni con otras dos cláusulas que resultaron determinantes para desbloquear las negociaciones en el invierno de 2018 y que cuatro sindicatos de la Policía (SUP, CEP, SPP y UFP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC, APROGC y la Asociación Profesional de Cabos) rubricaran la última propuesta de acuerdo que se les puso encima de la mesa.
La incógnita no despejada de forma definitiva aún es si el actual titular de Interior se desentiende de los compromisos asumidos por Zoido, después de que el Consejo de Estado emitiera el 21 de marzo de 2019 un dictamen que avala el eventual incumplimiento de los mismos, el acuerdo no es «ni jurídicamente exigible ni vinculante».
