Lo de predicar con el ejemplo, a pesar de su demostrada eficacia, no es costumbre en casi ningún ámbito, menos aún lo es en el campo político, ni siquiera por lo atractivo que pudiera resultar la novedad electoralmente hablando.
Si ya concretamos en la Cámara legislativa predominante, esto no es ni quimera, no se plantea ni como opción en la psique de quienes allí transitamos a diario.
La regulación del funcionamiento interno y externo del Congreso de los Diputados es, contrariamente al resto de ámbitos públicos y privados del Estado, escasa y deficiente. Y como nada es casual, todo obedece a criterios subjetivos que pretenden aprovechar el agujero negro regulatorio de la Cámara para sus propios intereses. Todo tiene un porqué, el de esto es que dentro de la Cámara se cometan impunemente injusticias que en la calle estarían penadas.
Hay multitud de situaciones no previstas en el Reglamento, otras reguladas con generalidades incapaces de suponer por sí mismas criterios jurídicos suficientes para hacer valer en un procedimiento judicial y deficiencias que otorgan capacidades jurídicas excesivas a las mayorías políticas, situándolas en no pocas ocasiones por encima de la legalidad básica vigente. No hay principio general del derecho que justifique que una exigua mayoría política se sitúe por encima e incluso en contra del imperio de la ley. Pero así es nuestro Congreso, y lo sufro en primera persona.
Fíjense, la Mesa del Congreso de los Diputados, con su mayoría actual, fue capaz de votar por mayoría el no cumplimiento de una sentencia penal firme dictada contra un Diputado por el Tribunal Supremo. Votar si se cumplía o no dicha sentencia ya era una salvajada suficiente como para dirimir responsabilidades, pero que se votara NO por la mayoría imperante, previo informe jurídico difuso en su contenido y firma, supone de facto el cumplimiento del supuesto de hecho de ilícitos penales contemplados en una ley orgánica en vigor: la del Código Penal.
El poder legislativo no puede ir en contra de la ley, pues ello supone una quiebra del sistema totalmente irreversible. Un Gobierno, (con sus mayoría adjunta en la Mesa del Congreso), puede convertirse en ilegítimo desde el mismo momento en que intenta situarse por encima de la Ley, siendo ademas incapaz de cambiar esas leyes por el procedimiento establecido.
Yo sirvo a la ley, las mayorías vienen y van.
