El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha llamado a declarar como investigados por posible discriminación en el proceso de vacunación contra el Covid-19 a cuatro altos cargos de la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña como consecuencia de la querella presentada por la Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL y el sindicato de la Policía Nacional JUPOL, tras la sentencia que en el mes de diciembre pasado declaró “discriminatoria e injustificada” la inacción mostrada por el Gobierno de Cataluña en el proceso de vacunación de los guardias civiles y policías nacionales destinados en esta comunidad autónoma.
El magistrado juez ha decidido que presten declaración ante él en calidad de investigados Carmen Cabezas Peña, quien ocupó primero el cargo de subdirectora general de Promoción de la Salud y con posterioridad ostentó la Secretaría de Salud Pública. Junto a ella, deberán declarar como investigados Sara Manjón del Solar, directora del área de Organizaciones y Profesionales del Servicio Catalán de Salud; Xavier Rodríguez Guasch, director de Servicios del Departamento de Salud y Adriá Comella Carnicé, director del Servicio Catalán de Salud.
“Solo exigimos igualdad de condiciones”
En diciembre pasado, JUCIL y JUPOL vieron confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la obligatoriedad de que tanto los guardias civiles como los policías nacionales en Cataluña tendrán que ser inoculados con la vacuna frente al Covid-19.
En su sentencia, el más alto tribunal de Cataluña anuló de pleno derecho la “inactividad” mostrada por el Departamento de Salud del Govern Catalán “por resultar discriminatoria y contraria al artículo 14 de la Constitución” señalaba el texto de la resolución hecha pública.
Incumplimiento reiterado de la Generalitat
“La sentencia no solo nos daba la razón, sino que además a ojos de la Justicia y de la sociedad en general, quedaba fundamentado que la Generalitat ha esquivado y ha incumplido de manera incuestionable sus obligaciones poniendo excusas. Ahora, será de nuevo la Justicia la que señale si se deben depurar responsabilidades por parte de los responsables públicos del sistema de salud de Cataluña” ha declarado la secretaria provincial de JUCIL en Barcelona, Milagros Cívico quien ha añadido. “Sólo exigimos para guardias civiles y policías nacionales igualdad de condiciones en el uso de un servicio, el de la sanidad pública que en España tiene carácter universal e igualitario”.
Que sea a través de los tribunales como se logra que la Administración Autonómica catalana se vea obligada a actuar expresa, en opinión de JUCIL, la situación de abandono institucional y el ambiente de odio en el que se ven inmersos para llevar a cabo su labor los guardias civiles y policías nacionales, con la consiguiente estigmatización que sufren tanto ellos en su tarea como sus familias en su vida diaria. Una situación que justifica y argumenta que Cataluña sea considerada como Zona de Especial Singularidad para el trabajo de estos empleados públicos.
