El Gobierno de Sánchez rechaza el ofrecimiento de la Comunidad de Madrid de ceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado más de 80 viviendas destinadas a Policía y Guardia Civil.
- En el último año y medio la Comunidad ha impulsado hasta en 13 ocasiones poder materializar la firma de un Convenio
- Se trata de dos promociones de 48 y 33 viviendas, en Madrid y Ciempozuelos, destinadas a Policía Nacional y Guardia Civil
- Díaz Ayuso ya manifestó al principio de la legislatura su decidida intención de facilitar el arraigo de efectivos policiales
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Vivienda y Administración Local, lleva un año y medio trabajando de manera intensa para alcanzar, mediante un Convenio de colaboración, la firma de un acuerdo con el Ministerio del Interior, que permita que 81 familias de guardias civiles y policías nacionales con destino en la Comunidad de Madrid puedan acceder a dos promociones de la Agencia de Viviendas Social (AVS) en la región.
Se trata de 81 viviendas distribuidas en dos bloques de viviendas, una de 48 inmuebles disponibles en Madrid capital (distrito Centro) ofrecidas a la Policía Nacional, y otra promoción de 33 viviendas en el municipio de Ciempozuelos, ofrecidas a la Guardia Civil.
Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno con fecha 24 de septiembre de 2019, se crea la Comisión de Estudio de medidas de apoyo en favor de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destinados en la Comunidad de Madrid, (adscrita a la Consejería de Justicia e Interior).
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha dejado de trabajar ni un solo día durante todo este tiempo para implantar medidas que favorezcan el arraigo poblacional de aquellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tengan su destino en la Comunidad de Madrid. La vivienda ha sido un pilar de apoyo esencial para favorecer este enraizamiento.
Desde este último año y medio, (noviembre de 2019 hasta el pasado 20 de Abril de 2021), fecha del último contacto, han sido hasta 13 las ocasiones en las que la Comunidad de Madrid se ha dirigido a las dos Instituciones, bien sea a través de encuentros presenciales y/o telemáticos, impulsando alcanzar un acuerdo mediante la remisión de cartas y borradores de Convenios que permitieran la cesión de las viviendas, y que ha sido del todo imposible de culminar.
El problema se circunscribe a que fundamentalmente desde el Ministerio del Interior hay una instrucción política para no recibir las viviendas. No se quiere suscribir un Convenio, que permita llevar a cabo la cesión legal y ordenada de las viviendas. Tan solo se ha manifestado la intención de acceder a la firma de un Protocolo General que no es suficiente para poder llevar a cabo la cesión de las viviendas, ya que no contienen derechos y obligaciones específicas. En otros casos se ha argumentado que no se cuenta desde el Ministerio con departamentos específicos que les permitan gestionar las viviendas que recibirían.
No hay una postura clara, nítida y de colaboración entre ambas instituciones (Policía Nacional y Guardia Civil) con la Comunidad de Madrid, algo que sólo redundaría en beneficio de sus efectivos policiales.
De sobra es conocido en el caso de la Guardia Civil, las quejas que a lo largo de los años, numerosos mandos, efectivos y responsables del Cuerpo Armado han puesto de manifiesto de manera pública, evidencia las carencias que tenían las Casas Cuartel, o los problemas de vivienda a los que se tienen que enfrentar muchos guardias civiles frente a un destino profesional. Este no es un problema nuevo. La Guardia Civil tiene experiencia y el conocimiento suficiente a la hora de formalizar Convenios de colaboración con Ayuntamientos en la cesión de viviendas, no es un procedimiento administrativo que le es ajeno. En este caso se trata de un problema de clara falta de interés político por una de las partes.
Desde que la presidenta regional manifestase, al principio de la legislatura que ahora concluye, su interés por colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, facilitando el arraigo de familias de guardias civiles y policías nacionales en la región, los impedimentos y la falta de concreción con el Ministerio del Interior han sido constantes.
El Gobierno regional ya señaló que la Comunidad de Madrid tiene un déficit de unos 2.500 efectivos policiales. Esto solo se traduce en un descenso en los ratios de seguridad en la región, que se compensan gracias al extraordinario trabajo y profesionalidad de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Fórmulas como las ofrecidas por la Comunidad de Madrid contribuirían a mejorar estos ratios que tan sólo se traducirían en beneficio de los madrileños al contar con más seguridad.
