El Congreso de los Diputados ha aprobado el pasado 11 de marzo la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que tipifica como delito con penas de cárcel la conducta de quienes participan en piquetes informativos durante una huelga, presionando a otras personas trabajadoras a apoyarla.
El texto pasa ahora al Senado para su debate por los grupos de la Cámara Alta.
Los sindicatos como UGT consideraron esta ley como una normativa antidemocrática, desproporcionada e injusta, que criminaliza a las personas que ejercen un derecho fundamental recogido por la Constitución Española.
Exponen que la huelga es un derecho fundamental, manifestación de la libertad sindical y máxima expresión democrática del conflicto social que no se ha podido solucionar por la vía del diálogo. Sin derecho de huelga no hay democracia, ni Estado social.
Para UGT los piquetes informativos, en este sentido, son instrumentos de difusión y publicidad de la huelga, reconocidos y garantizados constitucionalmente “con funciones de información, propaganda, persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar trabajando”, como declara el Tribunal Constitucional, formando parte del contenido esencial del derecho de huelga.
Anulación de sentencias
Además de la citada derogación, la ley aprobada hoy contempla la anulación de las sentencias aplicadas con arreglo a ese precepto, una condición exigida por UGT y CCOO como consecuencia indispensable de la derogación del Art. 315.3 del Código Penal.
Remarcan que han sido muchas las acciones informativas, de movilización, apoyo y solidaridad internacional a los compañeros y compañeras que sufrieron las consecuencias de este artículo del Código Penal. Ha sido una pelea social, sindical y política en la que nuestras razones, que son las de toda la ciudadanía, han terminado dando sus frutos con la derogación del Art. 315.3 CP.
