Como ya han venido señalando reiteradamente UGT y CCOO, aunque el grueso de personas afectadas ya se ha jubilado y el colectivo afectado es decreciente año a año, todavía son miles de trabajadores y trabajadoras los que fueron despedidos antes de 2013, en mitad de la crisis económica y financiera que ha asolado nuestro país en la última década, que deberían tener cobertura de esta cláusula de salvaguarda para acceder a la jubilación.
Se trata de una garantía jurídica que garantizaba el mantenimiento de las condiciones de jubilación previas a la reforma para quienes habían sido despedidos antes de su entrada en vigor, cuando no volvían a encontrar trabajo. De esta forma se garantizaba, para quien lo precisara, no en todos los casos, que ninguna persona viera disminuida su expectativa de pensión cuando ya no tenía posibilidad alguna de reacción, después de su despido.
Desde estas centrales sindicales se ha venido insistiendo al Ministerio de Seguridad Social respecto de la necesidad de reponer la situación que fue objeto de acuerdo en el diálogo social en 2011, corrigiendo las limitaciones temporales que sobre dicha cláusula impuso el Gobierno del Partido Popular en 2013 y que ha sido objeto de prórrogas por dos veces en los últimos dos años, y cuyos efectos caducan el próximo 31 de diciembre.
Sin embargo, el año 2020 va a finalizar sin que esta situación haya sido corregida en los términos que reclaman los sindicatos, pese al alto nivel de acuerdo que sobre esta cuestión se ha alcanzado en la mesa de diálogo social de pensiones.
Fruto de este acuerdo es el anuncio hecho ayer por el Ministerio de Seguridad Social, comprometiendo, muy tarde es cierto, que a principios de enero se procederá a aprobar en un Real Decreto-ley, actualmente en preparación, una nueva prórroga de la cláusula con efectos retroactivos.
Para CCOO y UGT resulta imprescindible que dicha norma se apruebe en los primeros días de enero, reduciendo al mínimo el periodo de inseguridad jurídica que, sin duda, se abre entre el 1º de enero y la fecha de aprobación y publicación en el BOE del Real decreto Ley que hoy se anuncia. Esa seguridad jurídica debe estar plenamente garantizada lo antes posible para todas las personas que precisan de esta figura para poder acceder a la jubilación sin ver minorados sus derechos de protección social.
Asimismo, la prórroga debe garantizar tanto la aplicación de la cláusula para las decenas de miles de personas afectadas por esta garantía, como el derecho de opción por la nueva legislación aprobada en la reforma de pensiones de 2011, cuando esta, como ocurre también en muchos casos, es más beneficiosa.
De la misma forma, UGT y CCOO reclamaman la reposición íntegra del plazo indefinido con la que la cláusula de salvaguarda fue originalmente incluida en el Acuerdo de pensiones de 2011, de forma que se garantice la cobertura de la misma a todas las personas afectadas, que son un número decreciente pero aún significativo, sin necesidad de que tener que someterlas a la inquietud que supone su prórroga anual.
