Javier García Gaztelu, alias Txapote, exjefe de ETA, y otros tres etarras más, han sido condenados a 33 años de cárcel por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera el 22 de octubre de 2000 en Vitoria.
Según la sentencia queda acreditada el papel de Txapote como inductor directo del asesinato del funcionario, así como la autoría material de los hechos, atribuidos a un comando terrorista formado por: Íñigo Guridi Lasa, alias Xabi; Asier Arzalluz Goñi, alias Santi, y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, alias Peio.
Asimismo deberán indemnizar a la viuda y a la hija de la víctima con 305.000 euros a cada una, un dinero que nunca repondrá el vacío que deja la ausencia de un marido y de un padre.
La mañana del 22 de octubre del año 2000, sobre las 7.45 horas, una bomba lapa alojada en los bajos del vehículo de Casado, acabó con la vida del funcionario en el acto como consecuencia de un shock traumático y de una hemorragia que afectó a sus órganos vitales.
Txapote había dado las instrucciones precisas para acabar con la vida del funcionario de prisiones, destinado en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava), esa fatídica mañana de otoño. El asesinato se produjo con alevosía, por la nula posibilidad de defensa, y aprovechando que uno de los miembros del comando era vecino de la víctima.
El tribunal aplica la pena máxima a los acusados porque entiende que la víctima era un hombre de mediana edad y que fue seleccionado solo porque era funcionario de prisiones, dentro de la campaña que ETA había diseñado de acciones contra “carceleros y poder judicial”.
“Se trata -dice la sentencia- de un atentado que se lleva a cabo como mecanismo para atemorizar al colectivo profesional y al conjunto de la sociedad, además de intentar obtener determinados fines políticos perseguidos por la banda terrorista ETA, a través del enorme dolor que se causa con la muerte de una o varias personas”.
19 años después se hace justicia.