Todos nos hemos aprendido de alguna manera aquello de que las administraciones públicas trabajan bajo los principios de eficacia y coordinación -entre otros- entre administraciones. Y todos hemos visto como, con el paso de los años -y especialmente en las esferas más próximas a la política- esos principios van bailando conforme se tiñen del color político correspondiente. A pesar de ello, hay veces, quizás muy pocas, en donde se pone en valor el resultado de estos principios y se vuelve en algo tangible.
Durante el mes de diciembre se produjeron en Zaragoza tres macrorredadas en el barrio de ‘El Gancho’ que tuvieron un fuerte impacto en la delincuencia de la zona. Para quienes no conozcan esta ciudad ni sus barrios, el barrio del Gancho es un constante foco de delincuencia, problemas sociales, menudeo de droga, prostitución y viviendas ocupadas. A ello se une la falta del cumplimiento de las normas más básicas de convivencia como ruidos molestos y una falta de limpieza y decoro constante. La propuesta para solucionar los problemas del Gancho del anterior alcalde (Podemos) se basó en la mediación y en afrontar los problemas y cito textualmente “conviviendo con ellos”.
Tras más de cuatro años se ha visto lo que muchos nos temíamos: la mediación no funciona con según qué personas y esto es algo de lo que muchas asociaciones y mucha gente no quiere darse cuenta.
Estamos de acuerdo en que la respuesta policial debe ser tenida en cuenta como una de las últimas soluciones, pero ésta es imprescindible cuando existe una dejadez política e institucional. Han tenido que ser dos asociaciones de vecinos las que han tenido que coger el toro por los cuernos e impulsar desde redes sociales, contactos y reunión tras reunión; primero con el Alcalde de Zaragoza (PP) y posteriormente llevando sus reclamaciones a la Delegada del Gobierno (PSOE) para conseguir lo que todo ciudadano percibía en la calle: El Gancho es peligroso y necesita de una protección especial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La macrorredada llevada a cabo por la Policía Nacional fue un éxito, y en apenas un mes se identificaron a cerca de setecientas personas, de las cuales como dato objetivo diré que casi la mitad poseía antecedentes, se incautaron numerosos objetos que habían sido robados, se detuvieron a varias personas y se incoaron expedientes en Extranjería a otras cinco personas, se desocuparon varios inmuebles (ésta intervención con colaboración de la Policía Local y el Área de Urbanismo de Zaragoza) y parece ser que ahora, “los malos” sienten que la policía está ahí cerca. En el dispositivo de la Policía Nacional participaron varias unidades (UPR, UIP, Unidades Canina, Centellas…). Policialmente hablando fue un éxito. Tampoco vamos a negar que este tipo de situaciones son un problema complejo que requiere de varios puntos de intervención como son el social, económico y urbanístico. Pero no por eso vamos a permitir que se trafique con droga, que se den tirones de bolsos a personas mayores, que se saquen machetes en las peleas, que se encañone a policías y que el barrio sea un foco de marginalidad y delincuencial. Quienes vivimos y aceptamos vivir en una sociedad desarrollada y cívica asumimos nuestra responsabilidad de vivir en un conjunto de valores y normas democráticas, pero también exigimos el cumplimiento de las normas más básicas de convivencia. Quien no quiera asumir estas normas básicas tiene que asumir sus consecuencias.
De toda esta situación vivida durante este mes y especialmente durante más de cuatro años algunos nos preguntamos ¿por qué Delegación del Gobierno ha tardado tanto en tomar este tipo de decisiones? Da la impresión que a la hora de la verdad nadie quiere asumir riesgos (riesgos políticos) y hasta que no se tiene un apoyo vecinal no se toman este tipo de actuaciones. Yo no quiero un político que tenga miedo a perder su asiento. Yo quiero un político que tenga plenas convicciones en lo que hace y que eso se traduzca en beneficios para el conjunto mayoritario de la sociedad.
La macrorredada ha puesto de manifiesto que la coordinación entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza funciona. Pero también ha supuesto descubrir que el protocolo para la toma de este tipo de decisiones es lento y político. Algo tiene que cambiar y debe hacerlo pronto.
Autor: Alejandro Segura | Docente de ISFES
Perteneciente a la Policía Local de Zaragoza. He realizado informes sobre movilidad y he gestionado grupos de trabajo relacionados con la movilidad urbano en un grupo político. He dado cursos sobre conducción segura en bicicleta junto con asociaciones ciclistas. Miembro docente en materia de tráfico y seguridad vial de ISFES.
